Una damnificada se encadenó la mañana de este sábado a la reja de su propio apartamento en San Antonio de los Altos, estado Miranda.
Una damnificada se encadenó la mañana de este sábado a la reja de su propio apartamento en San Antonio de los Altos, estado Miranda, para exigir que los inquilinos que lo ocupan se lo devuelvan. Se trata de Omaira Bello, una mujer de la tercera edad que perdió su casa en La Guaira durante los terremotos y que hoy no tiene dónde vivir con su madre, de 88 años, mientras su única propiedad sigue en manos de unos ocupantes que acumulan 11 meses sin pagar el alquiler.
La damnificada se encadenó junto a su madre de 88 años
La protesta ocurrió en la entrada del inmueble, ubicado en la Torre 1 de la residencia OPS, en el municipio Los Salías. Bello se ató con una cadena a la reja del apartamento y permaneció allí acompañada de su progenitora, en una imagen que resume el drama de decenas de familias guaireñas que lo perdieron todo con los sismos y que, meses después, siguen sin recuperar un techo propio.
«Yo realmente necesito mi vivienda porque estamos damnificadas. Somos personas de la tercera edad y mi mamá tiene 88 años. No es justo», expresó la propietaria durante la protesta, según recogió El Nacional. Bello sostiene el cuidado de su madre y asegura que no tiene otra vivienda a la que mudarse: la que tenía en La Guaira la perdió en los terremotos.
Once meses de alquiler sin pagar y tres citaciones ignoradas
El conflicto no empezó con la cadena. La disputa legal por el apartamento se inició el año pasado, cuando los ocupantes dejaron de cancelar el canon de arrendamiento. Desde entonces, la mora llegó a 11 meses y los inquilinos se niegan a entregar el inmueble, pese a los reclamos formales de la propietaria y a las advertencias institucionales transmitidas durante todo este periodo.
El caso llegó a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), que emitió tres órdenes de comparecencia dirigidas a la ocupante. Las tres fueron ignoradas: según la denuncia, la inquilina, que tiene formación en derecho, asumió su propia representación legal y evadió cada uno de los llamados del organismo. Bello también denunció que las personas instaladas en el apartamento han mostrado conductas hostiles y se niegan a colaborar con las actuaciones jurídicas emprendidas para resolver el caso.
El expediente pasó a los tribunales y la espera puede sumar un año más
Concluido el procedimiento administrativo sin resultados, el expediente pasó a la jurisdicción de los tribunales. Pero esa vía tampoco ofrece una salida cercana: la afectada señaló que los lapsos procesales del sistema judicial pueden demorar hasta 12 meses adicionales, un margen de espera que considera inasumible dada su condición de vulnerabilidad y la edad avanzada de su madre.
La lentitud de la justicia en los casos de vivienda es una queja recurrente en el litoral central, donde incluso los tribunales de La Guaira han sido objeto de denuncias y peticiones de auditoría por parte de organizaciones de derechos humanos. Para los damnificados, cada mes de trámites es un mes más durmiendo fuera de casa.
Los damnificados de La Guaira siguen esperando respuestas
La historia de Omaira Bello se suma a la de cientos de familias que perdieron sus hogares con los terremotos en La Guaira y que todavía esperan una solución habitacional definitiva. La magnitud del daño quedó retratada en la investigación sobre las fallas de construcción en las 15 torres caídas de Caraballeda, que apuntó a deficiencias previas en los edificios desplomados.
Mientras tanto, la propietaria mantiene su exigencia: la restitución inmediata de su apartamento en Los Salías, el único patrimonio que le queda después de que los sismos le arrebataran su casa. Su protesta de este sábado, cadena en mano y con su madre al lado, quedó como el retrato de una espera que ya dura demasiado.
