El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este sábado al Poder Judicial.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este sábado al Poder Judicial y a los organismos de control del Estado ordenar una inspección y una auditoría desde Caracas de los tribunales de La Guaira, para revisar minuciosamente los expedientes «paralizados y viciados» del Circuito Judicial de ese estado, tras recopilar denuncias de familiares de privados de libertad sobre presuntas irregularidades graves.
Según los testimonios recogidos por la ONG, en el circuito ocurrirían presuntos cobros irregulares y extorsiones a cambio de otorgar la libertad o de no enviar a las personas detenidas a juicio, además de supuesta siembra de evidencias, como armamento o drogas. Algunos familiares afirmaron, incluso, que sufrieron amedrentamiento en sus propias viviendas por no ceder a los presuntos cobros.
Denuncias de extorsión y evidencias ocultas en los tribunales de La Guaira
Las denuncias no se limitan al dinero. Los afectados también señalaron el ocultamiento de evidencias procesales: en un caso conocido por el OVP, una jueza se negó a entregar a los familiares los audios de los juicios, pese a tratarse de un proceso abierto, y según los denunciantes las declaraciones se cambiaron después para justificar las imputaciones.
El acceso a los expedientes también tiene un costo para las familias. Los parientes de los detenidos deben pagar las copias de los documentos del tribunal y, en casos específicos documentados por el Observatorio, les exigieron dos resmas de hojas blancas, dos cajas de bolígrafos y cuatro repuestos de tinta de impresora solo para iniciar el proceso legal de la persona privada de libertad.
Tras los sismos del 24 de junio, los tribunales trabajan solo hasta el mediodía
A las denuncias se suma la parálisis parcial de la justicia en la entidad. Aproximadamente dos meses después del doblete sísmico del 24 de junio, los tribunales se reactivaron a media máquina, con el argumento del riesgo estructural que representan dos edificios ubicados alrededor de la sede judicial, dañados por los temblores y sobre los que aún no se define si serán demolidos.
El edificio donde funcionan los tribunales se encuentra en condiciones adecuadas y su presidenta, Dayanhara González Seijo, ha habilitado salas progresivamente. Sin embargo, la jornada laboral termina ahora alrededor del mediodía. «Antes del terremoto se hacían las 7:00 p. m. y uno podía estar ahí en los tribunales. Ahora no, solo pasan los casos de flagrancia», contaron los afectados al OVP. Esa reducción agrava un retardo procesal penal que, según los familiares, ya existía antes de los sismos, y por eso piden que las audiencias se agilicen o se realicen de forma telemática.
La contingencia también dejó al descubierto las condiciones de custodia en los centros de detención preventiva. En el centro de detención de Macuto, al menos 200 hombres privados de libertad fueron trasladados desde los calabozos hasta un espacio abierto, parecido a un patio, donde quedaron bajo la supervisión de un solo funcionario policial. En medio de la confusión por un rumor de tsunami, ese único custodio abandonó el recinto para ir a la playa a verificar la información, según el relato de los propios detenidos recogido por el OVP.
El OVP pide horario completo, nueva sede e investigaciones penales
Ante este panorama, el Observatorio consideró indispensable que el Circuito Judicial restablezca de inmediato su horario completo de trabajo y garantice el apego a derecho sin el yugo de las minutas centralizadas. También pidió buscar a la brevedad una nueva sede habilitada o trasladar los procesos a Caracas, para salvaguardar el derecho a la vida y al debido proceso de los ciudadanos.
Además, la organización instó a la Fiscalía, al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo a iniciar investigaciones penales rigurosas sobre las denuncias de cobros de dinero, extorsión y siembra de pruebas, que presuntamente involucran a jueces, fiscales y cuerpos de seguridad del estado La Guaira.
Mientras no se revisen los expedientes ni se investiguen las acusaciones, los familiares seguirán enfrentados a dos obstáculos: una justicia que trabaja con horario reducido y unas denuncias que, de comprobarse, comprometerían las garantías más elementales de quienes esperan una decisión sobre su libertad. La situación de los privados de libertad en Venezuela es seguida de cerca por las familias y las organizaciones de derechos humanos, como ocurrió con la carta entregada al papa León XIV para pedir la liberación de Germán Giuliani.
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