Una ciudadana dominicana de 45 años fue condenada este sábado a 27 meses de prisión.
Una ciudadana dominicana de 45 años fue condenada este sábado a 27 meses de prisión en Estados Unidos por su participación en un fraude a programas de desempleo creados durante la pandemia de COVID-19, una red que presentó solicitudes falsas con identidades robadas y logró retirar más de 550.000 dólares de fondos públicos, según informó la agencia EFE con datos de la Fiscalía federal.
La condenada, identificada como Karin L. Contreras, es residente permanente legal en Estados Unidos y admitió haber formado parte de la conspiración que utilizó información personal sustraída a terceros para reclamar prestaciones por desempleo a las que el grupo no tenía derecho. La sentencia la dictó la jueza federal Beryl A. Howell, del tribunal del Distrito de Columbia, en Washington.
Fraude a programas de desempleo: 27 meses de cárcel y 551.674 dólares de restitución
Además de los 27 meses de prisión, la jueza Howell impuso a Contreras dos años de libertad supervisada una vez cumpla la pena y la obligó a pagar 551.674 dólares en concepto de restitución, la cantidad que la red consiguió extraer de los programas de ayuda, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Contreras se había declarado culpable el pasado 10 de julio de 2026 del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Los fiscales del caso habían solicitado una condena de 41 meses de cárcel, pero el tribunal fijó finalmente la pena en 27 meses, por debajo de lo pedido por la acusación.
Nueve meses de solicitudes falsas con identidades robadas
Según los documentos judiciales citados por la Fiscalía, la red operó entre junio de 2020 y marzo de 2021, en plena emergencia sanitaria, cuando los programas federales y estatales de seguro de desempleo multiplicaban las ayudas para los trabajadores que perdían su empleo por la pandemia. Durante esos nueve meses, el grupo presentó solicitudes fraudulentas usando los datos personales de otras personas.
Las reclamaciones falsas permitieron obtener tarjetas prepagadas de cajero automático en las que se depositaron prestaciones por un valor superior a un millón de dólares. La mayoría de esas tarjetas fue enviada a una dirección de Washington, D. C., cercana a la residencia de Contreras, un detalle que los investigadores consideraron clave para vincularla con el centro de operaciones de la red.
Con las tarjetas en su poder, los integrantes del grupo retiraban el dinero en cajeros automáticos en operaciones de 1.000 dólares, el límite diario permitido por tarjeta, para no llamar la atención. Solo entre el 1 y el 14 de julio de 2020, la propia Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta y retiró 23.000 dólares en cajeros de la capital estadounidense. En total, aunque las solicitudes superaron el millón de dólares, los involucrados consiguieron retirar más de 550.000 dólares antes de que el esquema fuera desmantelado.
El FBI y el Departamento de Trabajo rastrearon el dinero de la pandemia
La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, subrayó al anunciar la sentencia que el fraude golpeó recursos destinados a ayudar a las personas perjudicadas por las consecuencias económicas de la pandemia, un dinero que debía llegar a trabajadores que sí habían perdido su empleo en medio de la crisis del COVID-19.
La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el organismo que vigila la integridad de los programas de empleo y desempleo. La acusación, por su parte, fue llevada por fiscales del Departamento de Justicia.
El caso de Contreras se suma a la larga lista de procesos por fraude contra las ayudas de la pandemia que los tribunales estadounidenses han ido resolviendo en los últimos años, muchos de ellos protagonizados por redes que explotaron la rapidez con la que se aprobaron y distribuyeron los fondos de emergencia. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, estos fallos llegan en un momento de alta sensibilidad política, con el voto latino en el centro de la disputa electoral, como mostró el giro de los votantes hispanos en las elecciones intermedias.
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