La condena de Elías Antonio Saca llegó a su fin.
La condena de Elías Antonio Saca llegó a su fin. El expresidente de El Salvador (2004-2009), detenido desde el 30 de octubre de 2016, cumplió la pena de diez años de prisión que le fue impuesta en 2018 por el desvío y el lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Condena de Elías Antonio Saca: la orden de libertad que la Fiscalía no confirmó
La Fiscalía no precisó si el exmandatario saldrá de prisión tras completar la pena. Medios salvadoreños han informado que Saca cuenta desde la víspera con una orden de libertad que debe cumplirse el 30 de octubre, pero la agencia EFE consultó a dos portavoces de la FGR si efectivamente había recobrado la libertad y no obtuvo respuesta. Tampoco el Centro Judicial salvadoreño ha brindado información sobre el caso, por lo que su salida no está confirmada oficialmente.
En un comunicado difundido en redes sociales, la FGR dijo que «aclaró varios aspectos» ante la salida del expresidente tras cumplir una década de prisión. La actual administración del Ministerio Público, encabezada por Rodolfo Delgado, se desvinculó además del proceso que terminó en la condena: un juicio abreviado en el que la defensa de Saca acordó la pena a cambio de su confesión, lo que le permitió evitar una sanción mayor.
El comunicado también advirtió que la salida de prisión no restituye los bienes vinculados al caso: empresas, inmuebles, vehículos y otros activos sujetos a medidas estatales permanecerán bajo control del Estado conforme a las decisiones judiciales y las normas vigentes. En marzo de 2026, un juzgado especializado de extinción de dominio ordenó pasar a manos del Estado 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros relacionados con la estructura de Saca, valorados en aproximadamente 9,6 millones de dólares, incluidos unos 7,5 millones en propiedades.
Un desfalco de más de 300 millones y dos años descontados
Saca gobernó El Salvador bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) y fue condenado en septiembre de 2018. De los diez años de la pena fueron descontados dos por el tiempo que ya había pasado en prisión mientras se desarrollaban las distintas etapas del proceso, abierto con su detención en 2016. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó en su momento la condena y la responsabilidad civil del expresidente por 260,7 millones de dólares, la mayor parte de los más de 300 millones que, según el Ministerio Público, la red de corrupción extrajo de los fondos públicos durante su administración. El exmandatario, que gozaba de gran popularidad al dejar el poder, fue el primer ex jefe de Estado condenado por corrupción tras el retorno de la democracia a El Salvador; le siguió el difunto Mauricio Funes (2009-2014).
El cierre de la condena penal no agota sus frentes judiciales. En abril pasado, la Fiscalía informó que una corte inició formalmente un proceso contra Saca por el supuesto impago de una deuda de más de cuatro millones de dólares con el Estado, fijada tras su condena por enriquecimiento ilícito, sin que se conozca el avance de ese expediente. En ese caso fue condenado a devolver más de 3,89 millones de dólares, y su esposa y ex primera dama, Ana Ligia de Saca, otros 589.608 dólares.
Las otras condenas que pesan sobre el expresidente
Saca también fue condenado en 2019 en otro caso por cohecho y a pagar seis millones de dólares en un proceso por el desvío de fondos donados por Taiwán, sin que se conozca si ha cumplido esa última pena. Ese historial explica la cautela oficial: cumplir los diez años del caso principal no equivale automáticamente a quedar libre de todas sus obligaciones con la justicia salvadoreña.
El desenlace del caso Saca llega mientras El Salvador mantiene la lucha contra las pandillas en el centro de su agenda de seguridad, con el respaldo de Nayib Bukele a Haití contra las bandas armadas y visitas de alto perfil como la de Keiko Fujimori al Cecot. En los próximos días se sabrá si la orden de libertad reportada por la prensa local se ejecuta el 30 de octubre y si alguna de sus causas pendientes modifica su situación.
