Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena tzotzil de los derechos humanos, fue asesinado a balazos este miércoles en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, al sur de México. El activista, que acompañaba desde hace más de una década a familias desplazadas por la violencia, recibió siete disparos dentro de un taller mecánico de la comunidad de Yabteclum, según los primeros reportes recogidos por la agencia EFE.
Los agresores huyeron en motocicleta tras el ataque, ocurrido alrededor de las 16:00 horas, de acuerdo con medios locales. Otras versiones apuntan a que pudo tratarse de una emboscada cuando el defensor se dirigía a su domicilio. Hasta la tarde de este miércoles, la Fiscalía de Justicia Indígena no había ofrecido información oficial sobre las circunstancias del homicidio ni sobre la identidad de los responsables.
Reynaldo Pérez Pérez estaba bajo protección oficial desde 2023
La Fiscalía General de Chiapas confirmó el homicidio. Su titular, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo a periodistas que dos hombres a bordo de una motocicleta «abrieron fuego con un arma corta» contra Pérez Pérez y descartó, por el momento, que el crimen esté relacionado con «algún conflicto político o social», al tiempo que reconoció que aún no existe una línea de investigación definida.
El asesinato resulta especialmente grave porque el defensor estaba incorporado desde el 13 de junio de 2023 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto a su compañero José Vázquez. Relatores de Naciones Unidas enviaron en 2025 un escrito al Gobierno mexicano para denunciar presuntos ataques contra ambos activistas, y Pérez Pérez contaba incluso con botón de pánico y teléfono satelital, según la cobertura de la prensa chiapaneca.
Una década defendiendo a los desplazados de Santa Martha
Pérez Pérez representó a 63 familias de indígenas tzotziles del poblado Santa Martha, en Chenalhó, desarraigadas por grupos paramilitares en junio de 2022, y exigió en repetidas ocasiones a las autoridades que crearan las condiciones para dialogar con los afectados y garantizar su retorno. Esas familias permanecen refugiadas en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio.
Él mismo fue uno de los más de 200 desplazados de Santa Martha y sobrevivió a un atentado registrado en 2023 que dejó al menos siete muertos. También fungió como mediador en el conflicto agrario entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, participó en movilizaciones en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, y desde 2024 había ampliado su acompañamiento a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó, donde además se desempeñaba como asesor externo del ayuntamiento.
Un colaborador que trabajó con él durante más de diez años confirmó su fallecimiento y expresó su temor de transitar por la carretera ante la falta de información sobre las condiciones de seguridad en la zona. El homicidio se inscribe en una región marcada por los conflictos territoriales, el desplazamiento forzado y las denuncias de hostigamiento: entre 14 y 20 personas defensoras han sido asesinadas en Chiapas entre 2016 y 2026, según registros de monitoreo independiente citados por EFE. La violencia contra los pueblos indígenas del continente también ha sido denunciada esta misma semana ante la CIDH por pueblos amazónicos que alertaron de un «riesgo inminente de exterminio».
México, que este mismo miércoles despidió a una de sus figuras políticas históricas con la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, suma así un nuevo crimen contra quienes defienden a las comunidades más vulnerables, en un caso que ya genera presión sobre las autoridades para que la protección oficial de los activistas amenazados deje de ser solo un papel.
