El comercio entre Venezuela y Colombia alcanzó los US$873 millones entre enero y agosto de 2026.
El comercio entre Venezuela y Colombia alcanzó los US$873 millones entre enero y agosto de 2026, un crecimiento del 15 % frente a los US$755 millones registrados en el mismo período del año anterior, de acuerdo con el último informe de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol).
La cifra confirma que la relación comercial binacional sigue expandiéndose, aunque con una marcada asimetría: el crecimiento lo empujan las compras venezolanas de productos colombianos, mientras las exportaciones de Venezuela hacia Colombia volvieron a perder terreno en el mismo lapso.
Comercio entre Venezuela y Colombia: una balanza inclinada
Según Cavecol, las importaciones venezolanas de productos colombianos sumaron US$803 millones durante los primeros ocho meses del año, un aumento del 18 % respecto al mismo período de 2025. En contraste, las exportaciones de Venezuela hacia Colombia totalizaron apenas US$69 millones, una contracción del 6 %.
La diferencia entre ambos flujos dejó un saldo comercial desfavorable para Venezuela de aproximadamente US$734 millones. En otras palabras: por cada dólar que Venezuela vende a Colombia, compra más de once dólares del otro lado de la frontera, una dependencia que la propia cámara empresarial describe como el principal desafío de la relación.
Qué compra Venezuela y qué logra vender
Las compras venezolanas al mercado colombiano se concentraron en materias plásticas, con US$90 millones; combustibles y aceites minerales, con US$42 millones; aceites esenciales, perfumería y cosméticos, con US$37 millones; azúcares y artículos de confitería, con US$36 millones; y productos de hierro y acero, con US$34 millones.
Del lado venezolano, la oferta exportadora se mantiene concentrada en insumos industriales de bajo valor agregado: fundición de hierro y acero, con US$14,6 millones; productos químicos inorgánicos, con US$13 millones; abonos, con US$7,05 millones; combustibles y aceites, con US$2,1 millones; y aluminio y sus manufacturas, con US$1,1 millones.
Cavecol atribuye parte de la dinámica a las ventajas logísticas de Colombia: la cercanía geográfica, la rapidez de respuesta del transporte terrestre y la reducción de costos y tiempos de abastecimiento. Más del 70 % del comercio binacional se moviliza por vía terrestre.
Paraguachón concentra el mayor movimiento
Por corredores fronterizos, el eje Paraguachón-Guarero, en el Zulia, movilizó US$461 millones, un crecimiento del 62 % frente a los US$289 millones de 2025, y se consolidó como la principal ruta de ingreso de mercancías colombianas a Venezuela.
El eje Táchira-Norte de Santander, el de los puentes internacionales entre San Antonio, Ureña y Cúcuta, registró US$299 millones, un aumento del 5,2 %, y conserva su importancia para las exportaciones venezolanas gracias a su infraestructura aduanera y a sus pasos internacionales.
Los obstáculos que frenan al exportador venezolano
La cámara identifica múltiples trabas que limitan la presencia de productos venezolanos en Colombia: restricciones de capacidad productiva, una elevada carga impositiva, deficiencias de infraestructura, altos costos logísticos, dificultades para importar insumos, la contracción del crédito bancario y la necesidad de modernizar los pagos transfronterizos.
El informe llega en una semana de renovado interés internacional por la economía venezolana: una misión de la CFI del Banco Mundial y representantes de BofA arribarán a Venezuela esta semana para tomar contacto con empresas y tenedores de bonos, mientras ya rige el contrato de 25 años de GeoPark en el bloque Bare de la Faja del Orinoco.
En paralelo, Cavecol observa un interés creciente de empresas colombianas por explorar oportunidades en el mercado venezolano mediante alianzas estratégicas, representación de marcas e inversión extranjera directa. La entrada en vigencia del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y la capacidad industrial ociosa venezolana abren posibilidades, aunque su consolidación dependerá de la seguridad jurídica, la protección de los activos privados y la adecuación de los marcos regulatorios.
