Venezuela

Agente del Cicpc preso en Barinas por alquilar celulares a reclusos

Agente del Cicpc preso en Barinas: la propia policía científica detuvo a uno de sus funcionarios.

Agente del Cicpc preso en Barinas: la propia policía científica detuvo a uno de sus funcionarios, señalado de facilitar el ingreso ilegal de teléfonos celulares a los calabozos de una delegación y de cobrar divisas en efectivo a cambio del servicio. El caso puede seguirse en el portal oficial del Cicpc. El caso vuelve a poner sobre la mesa el negocio de los teléfonos dentro de los retenes venezolanos, un problema que las autoridades llevan años intentando contener.

Los funcionarios adscritos a la Delegación Municipal del Cicpc de Investigación Penal Barinas aprehendieron al agente identificado como Yeferson Manuel Blanco González, de 22 años, quien estaba adscrito a la Coordinación de Sala de Resguardo y Garantías de los Privados de Libertad, el área encargada de custodiar a las personas detenidas en esa sede.

Agente del Cicpc preso: dos celulares entraron a los calabozos

De acuerdo con el reporte del propio cuerpo de investigaciones, las pesquisas de campo determinaron que el funcionario se valió de su posición en el área de custodia para facilitar el ingreso ilegal de dos equipos de telefonía celular a los calabozos. A cambio, según la investigación, recibía pagos en divisas en efectivo, en una práctica que dentro de los retenes se conoce como el «alquiler» de teléfonos a los privados de libertad.

El agente fue detenido por estar presuntamente incurso en delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción y en la ley que regula el uso de la telefonía celular y el internet en el interior de los establecimientos penitenciarios, la norma que prohíbe expresamente la tenencia de teléfonos móviles dentro de los centros de reclusión del país.

A la orden del Ministerio Público

Tras su aprehensión, Blanco González fue puesto a la orden del Ministerio Público para el debido proceso penal. En paralelo, el Cicpc le abrió el correspondiente proceso administrativo interno, que podría terminar en su destitución del cuerpo si las investigaciones confirman los señalamientos en su contra.

La institución no detalló desde cuándo operaba el presunto esquema ni si hay otros funcionarios o detenidos involucrados, pero el hecho de que la detención la ejecutara la misma delegación donde trabajaba el agente apunta a una investigación interna previa, alimentada por las pesquisas de campo que describe el reporte oficial.

Un negocio que se repite en los retenes

El ingreso de celulares a los calabozos es una de las vías por las que, según las propias autoridades, se coordinan extorsiones y otros delitos desde el interior de los centros de detención. Por eso la legislación venezolana castiga tanto a quien introduce los equipos como a quien los facilita desde una posición de custodia, y por eso los cuerpos de seguridad anuncian con frecuencia operativos de requisa en cárceles y retenes policiales.

El caso de Barinas se suma a otros procedimientos recientes del cuerpo detectivesco en el país, como la red de estafadores desmantelada en Caracas, donde el Cicpc detuvo a tres personas. En esta oportunidad, sin embargo, el detenido no es un civil, sino un funcionario activo que custodiaba a los mismos reclusos a los que presuntamente les alquilaba los teléfonos.

Queda por ver si el Ministerio Público imputa cargos adicionales y si la investigación se extiende a los privados de libertad que pagaban por los equipos. Mientras tanto, y como parte de la cobertura de Venezuela, el agente del Cicpc preso en Barinas se convierte en un recordatorio de que el control de los retenes empieza por casa: sin complicidad interna, los celulares no cruzan la puerta de un calabozo.

El Ministerio Público deberá presentar al detenido ante un tribunal de control en las próximas horas, donde se definirá si permanece privado de libertad mientras avanza la investigación. De confirmarse los cargos, el funcionario enfrentaría no solo la sanción penal prevista en las leyes citadas, sino también la pérdida definitiva de su cargo dentro del cuerpo detectivesco, en un caso que la propia institución decidió hacer público.

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