El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela ha publicado su informe anual sobre las garantías informativas, revelando que en 2023 se registraron alarmantes 383 violaciones a estas garantías. Esta cifra, que representa un aumento del 64,4% en comparación con las 233 denuncias documentadas en 2022, pone de manifiesto una grave crisis en la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el país.
Venezuela sufre incremento de censura y hostigamiento
De acuerdo con el informe de IPYS, durante el año pasado se registraron un total de 571 violaciones a las garantías informativas dirigidas especialmente contra periodistas. Entre estas violaciones, resaltan 151 agresiones físicas o verbales, así como 96 ataques relacionados con discursos estigmatizantes. Las restricciones en Internet también fueron significativas, alcanzando un total de 86 casos reportados, junto con 59 restricciones al acceso a la información y 46 restricciones administrativas que limitan aún más el trabajo de los comunicadores.
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— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 11, 2025“Los datos son alarmantes y muestran una tendencia creciente hacia la represión de la libertad de expresión. La situación ha empeorado notablemente”, señala el director de IPYS, quien destacó que las cifras reflejan un clima adverso para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
El informe de IPYS no se limita a contabilizar las agresiones físicas o verbales. También detalla otras formas de hostigamiento. En total, se registraron 42 medidas de censura impuestas por distintas instancias gubernamentales, 32 actos de hostigamiento judicial, y 27 desplazamientos forzados de trabajadores de la prensa debido a la presión ejercida sobre ellos.
Además, el documento menciona 14 detenciones arbitrarias de periodistas, nueve alertas de género relacionadas con el acoso en el ejercicio periodístico, cuatro detenciones temporales y tres normativas que restringen directamente la libertad de expresión. Lamentablemente, también fueron documentados dos casos de desapariciones forzadas, situaciones que elevan aún más la preocupación por la seguridad de quienes laboran en los medios.

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El informe revela que los meses con un mayor número de ataques contra la prensa fueron julio y agosto, coincidiendo con el contexto electoral y la cobertura de las elecciones presidenciales de 2024. Durante ese periodo, se registraron 143 y 74 casos de violaciones, respectivamente. “Es claro que, en épocas de elecciones, la presión y los ataques se intensifican. La libertad de informar se convierte en una batalla constante”, apunta el análisis.
El impacto de estas violaciones ha afectado gravemente a un total de 262 trabajadores de la prensa, siendo los reporteros los más perjudicados, con 169 casos documentados. A esto se suman 16 directivos de medios, 15 camarógrafos, 15 locutores y 15 reporteros gráficos que han sufrido de alguna forma este atropello a sus derechos laborales y humanos.
El informe de IPYS concluye que los ataques han tenido un efecto devastador no solo en los periodistas, sino también en 110 medios de comunicación y varias organizaciones de la sociedad civil, indicando un cerco informativo que afecta la pluralidad y el derecho a la información.
“La situación exige medidas urgentes. Es fundamental que tanto la comunidad internacional como las autoridades venezolanas tomen conciencia de esta grave problemática y actúen en pro de la protección de los periodistas y la libertad de expresión,” afirma el responsable de IPYS.


