Este martes 11 de febrero, estaba prevista la apertura del juicio del caso conocido como «Brazalete Blanco», que involucra a la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, su exesposo Alejandro González y otras 17 personas. Sin embargo, el Tribunal Tercero de Control en materia de Terrorismo decidió diferir la audiencia para el próximo 31 de marzo a la 1:00 p.m., debido a la falta de traslados desde los distintos centros de reclusión. Esta es la segunda ocasión en que se posterga el inicio del juicio, lo que genera preocupación entre los abogados defensores y los familiares de los acusados.
Tribunal fija nueva fecha para caso «Brazalete Blanco»
La situación del caso «Brazalete Blanco» ha estado marcada por una serie de contratiempos desde su inicio. En diciembre pasado, la jueza Alejandra Romero ya había fijado una nueva fecha para la apertura del juicio por razones similares. La abogada Theresly Malavé, quien representa a San Miguel, ha expresado su frustración ante la falta de avances en el proceso judicial, señalando que la situación actual afecta gravemente el derecho a una defensa adecuada para todos los involucrados.
El fiscal Tarek William Saab ha vinculado a Rocío San Miguel y a su exesposo con un presunto plan de asesinatos dirigidos a altos funcionarios del gobierno, así como un intento de asalto a instalaciones militares en el transcurso del año pasado. Las acusaciones incluyen cargos de «traición», «terrorismo», «conspiración», «asociación para delinquir» e incluso «homicidio tentado» en perjuicio del presidente Nicolás Maduro y Freddy Bernal, gobernador del estado de Táchira. Estas graves imputaciones han colocado a los acusados en el centro de un caso que ha captado la atención tanto nacional como internacional.
Juan Luis González, abogado defensor de Alejandro González, ha denunciado que, a pesar de haber transcurrido un año desde su aprehensión, él y otros defensores privados no han podido juramentarse oficialmente, lo que les impide acceder al expediente del caso. Según González, ninguno de los involucrados ha tenido acceso a la información necesaria para preparar su defensa. Además, ha revelado que durante la audiencia de presentación ante el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, se les impuso defensores públicos en contra de su voluntad, lo que considera una violación del derecho a elegir su representación legal.
El abogado también relató una experiencia alarmante sobre el traslado de su cliente a la sala telemática del Rodeo I. González fue llevado bajo engaño, sin ser informado correctamente sobre la naturaleza de la audiencia, lo que generó confusión y desconfianza en el proceso judicial.
#Venezuela . Diferida la audiencia de apertura de juicio del caso Brazalete Blanco por falta de traslado de los detenidos. La Nueva fecha es el 31 de Marzo..
Recordemos quienes son algunos de los Presos Politicos de este caso:
*Rocio San Miguel
*Alejandro José González…
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) February 11, 2025También te puede interesar: ONGs exigen liberación de Rocío San Miguel ante su delicado estado de salud
En el caso particular de Rocío San Miguel, su abogada ha resaltado que la activista se negó a ser representada por un defensor público debido a la falta de confianza en el sistema. Durante una audiencia anterior, San Miguel abandonó la sala en protesta por no contar con una representación legal adecuada. Esto llevó al tribunal a declarar desacato y continuar con la audiencia sin su presencia, lo que Malavé considera una violación grave del debido proceso.
Malavé también ha señalado que a pesar de que Rocío tiene un defensor público asignado, este no ha podido visitarla ni informarle adecuadamente sobre los cargos en su contra. La abogada enfatizó la necesidad urgente de que San Miguel tenga acceso a una defensa efectiva y a conocer las acusaciones específicas que enfrenta.
La postergación del juicio del caso «Brazalete Blanco» añade otra capa de complejidad a un proceso judicial ya complicado. La falta de traslados y el acceso limitado a información crítica están generando un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los acusados y sus defensores. Con una nueva fecha fijada para el 31 de marzo, todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrollará este caso que toca fibras sensibles en el ámbito político y social del país. La defensa de Rocío San Miguel y los otros involucrados continúa luchando por sus derechos, mientras las acusaciones graves que enfrentan plantean serias interrogantes sobre el estado del sistema judicial en Venezuela.
