En un nuevo capítulo de la tensión postelectoral en Venezuela, 78 presos políticos detenidos durante las manifestaciones del 28 de julio fueron trasladados desde la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, hasta la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Este movimiento se realizó bajo el argumento oficial de que Tocuyito recibiría a presos considerados «de alta peligrosidad», lo que podría poner en riesgo a los detenidos por motivos políticos.
Presos políticos trasladados según el CLIPPVE
Según información proporcionada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), basándose en testimonios familiares, este traslado buscaba mejorar las condiciones para los presos políticos al reunirlos con otros detenidos similares. Sin embargo, esta medida ha generado una carga emocional y económica significativa para sus familiares debido a la distancia geográfica y las restricciones existentes para visitarlos.
Los familiares han expresado su frustración ante lo que consideran una burla por parte del Ministerio Público al no cumplir con promesas previas sobre liberaciones. A pesar de estas promesas, más de 400 personas siguen detenidas bajo acusaciones relacionadas con manifestaciones postelectorales.
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Las condiciones dentro del Centro Penitenciario de Aragua son descritas como inhumanas: falta acceso a luz solar adecuada, actividades recreativas o educativas; además enfrentan deficiencias alimentarias crónicas y escasez médica especializada. Las visitas están severamente restringidas tanto temporalmente como materialmente.
Organizaciones internacionales junto con grupos locales exigen urgentemente al Estado venezolano liberar sin restricciones a todos los presos políticos. El Clippve enfatiza el sufrimiento psicológico causado por estos arrestos arbitrarios e insta a respetar derechos humanos básicos.
