La noche del sábado 29 de marzo, más de 200 efectivos con capuchas tomaron el Centro Penitenciario Yare II, ubicado en San Francisco de Yare, estado Miranda, Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este incidente, destacando que las condiciones dentro del centro penitenciario ya eran inhumanas y que esta acción eleva el riesgo a un nivel intolerable. La cárcel alberga a centenas de prisioneros políticos, lo que ha generado preocupación sobre su seguridad y bienestar.
Recibimos denuncias de familiares sobre una situación que mantiene en zozobra a los familiares de los detenidos en la Cárcel de Yare II, en el estado Miranda, Venezuela.
Hemos recibido informes alarmantes de que más de 200 funcionarios vestidos de negro y con pasamontañas, han… pic.twitter.com/zLyYmSKSfX
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 30, 2025La ONG ha instado a que cese de inmediato la represión dentro de la cárcel y a que se garantice la protección y el respeto de los derechos fundamentales de todos los reclusos, incluidos los presos políticos. Además, han pedido la liberación inmediata e incondicional de estos últimos, recordando que Venezuela es signataria de tratados internacionales de derechos humanos y que debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, tal como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El partido Vente Venezuela también replicó la denuncia, solicitando a la comunidad internacional que esté atenta a la situación en el recinto. La toma de la cárcel por efectivos con capuchas ha generado un clima de miedo y tensión entre los reclusos y sus familiares, quienes claman por mayor transparencia y seguridad.
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Las cárceles en Venezuela, incluyendo Yare II, son conocidas por sus condiciones inhumanas debido a la sobrepoblación y la falta de infraestructura adecuada. El sistema penitenciario venezolano enfrenta críticas constantes por violaciones de derechos humanos, incluyendo maltratos físicos y psicológicos a los reclusos. La situación se ha agravado en los últimos años, con denuncias de extorsiones, violencia y falta de acceso a servicios básicos como la atención médica.
