Represión digital Venezuela: sigue vigente y sin desmontar.
Represión digital Venezuela: sigue vigente y sin desmontar. Esa fue la denuncia central que representantes de al menos siete organizaciones de la sociedad civil venezolana llevaron este jueves 29 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia número 23 del 197.º período de sesiones del organismo, en la que también reclamaron derogar las leyes restrictivas y sobreseer los procesos contra personas detenidas arbitrariamente.
Represión digital Venezuela: lo denunciado ante la CIDH
En la audiencia participaron el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Amnistía Internacional Venezuela, entre otras organizaciones. Según su exposición, el aparato de vigilancia y persecución en los entornos digitales se mantiene intacto pese al proceso de diálogo político que se desarrolla en el país con aval de Estados Unidos.
Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, recordó que más de 400 personas permanecen presas arbitrariamente en Venezuela, muchas de ellas tras revisiones de sus redes sociales y de sus teléfonos sin órdenes judiciales ni respeto al debido proceso. «Si bien se puede percibir una aparente calma coyuntural, se ha alertado en esta audiencia que el aparato represivo y las estructuras de vigilancia digital siguen intactos», advirtió Gómez, quien también subrayó que el país carece de una legislación que garantice la protección de los datos personales.
165 hechos de vulneración digital en ocho meses
Mariana Romero, directora del CDJ, denunció que entre enero y agosto de 2026 se registraron al menos 165 hechos de vulneración en el espacio digital, entre intimidación, amenazas y estigmatización contra defensores de derechos humanos difundidas por redes institucionales y canales de televisión estatal. En los últimos seis años, esa organización ha acumulado 2.172 denuncias de violencia digital. «La represión es calculada. Existe correlación entre la estigmatización, la vigilancia digital y la materialización de patrones de persecución y la detención arbitraria», destacó Romero.
Las organizaciones también recordaron la llamada «Operación Tuntún», promovida desde 2017 por el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y por instituciones de seguridad del Estado, y asociaron ese patrón con los picos represivos de 2017, cuando Foro Penal contabilizó 5.051 arrestos, y con la semana posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando se contaron 1.010 arrestos arbitrarios.
Teléfonos revisados, dominios bloqueados y drones
Marysabel Rodríguez, coordinadora del observatorio de libertad de expresión de Espacio Público, alertó que aún permanecen bloqueados más de 40 dominios web, pese a que el pasado 17 de septiembre se anunció la liberación de los bloqueos: la mayoría son plataformas de servicios digitales, como redes privadas virtuales (VPN), y al menos una decena son medios de comunicación independientes. También señaló que las revisiones arbitrarias de teléfonos aumentaron desde 2024, con un pico en el primer trimestre de 2026 que derivó en al menos 27 detenciones arbitrarias.
Rodríguez mencionó además el caso de Yorman Acevedo, un civil de Maracay detenido el 13 de enero de 2026 por «incitación al odio» tras comentar un video de TikTok, que pasó ocho meses preso y hoy tiene boleta de excarcelación bajo otra imputación. Las organizaciones denunciaron igualmente el uso de cámaras de calle y drones para vigilar a la ciudadanía sin marcos legales de protección: según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, el parque de cámaras de vigilancia pasó de 3.920 en junio de 2025 a 7.000 en diciembre de ese año.
La CIDH reclama respuestas al Estado
Los representantes del oficialismo no comparecieron ante la CIDH, una ausencia que se repite desde hace catorce años. «Lamentamos mucho que esas sillas estén vacías y que el Estado se resista a comparecer en este ejercicio de transparencia», dijo José Luis Caballero, segundo vicepresidente de la CIDH y relator para las personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, la comisionada Gloria de Mees, relatora para Venezuela, denunció que no se ha establecido ninguna hoja de ruta ni cronograma para restituir los derechos fundamentales: «No hemos recibido respuesta alguna del Estado ante nuestras peticiones. Su silencio no es cooperación».
Las organizaciones pidieron a la Comisión elaborar un informe sobre la violación de derechos humanos en entornos digitales en Venezuela, con el fin de crear memoria histórica y exigir una ruta institucional para la redemocratización. También reclamaron que los proyectos de ley de ciberseguridad anunciados este año sean evaluados por el sistema interamericano para no repetir patrones como la Ley Contra el Odio. La denuncia se suma a otras alertas recientes llevadas ante el organismo, como la de los pueblos indígenas amazónicos que alertaron ante la CIDH de un riesgo inminente de exterminio.
