Las reformas económicas en Cuba no equivalen a una privatización.
Las reformas económicas en Cuba no equivalen a una privatización. Así lo aseguró este lunes el presidente Miguel Díaz-Canel. El mandatario anunció que el 97 % de las 176 medidas aprobadas en junio ya cuenta con respaldo jurídico en la isla.
En apenas tres meses se concretaron 215 normas jurídicas vinculadas a ese paquete. Con ellas, 171 de las 176 reformas quedaron formalmente amparadas. Transformar empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones, insistió, no significa entregar su propiedad.
Reformas económicas en Cuba: «la empresa estatal no es un actor residual»
«La empresa estatal socialista no es un actor residual». Tampoco es «un apéndice del aparato administrativo». Es, defendió Díaz-Canel, «el sujeto principal de la economía nacional y el eslabón fundamental».
El presidente habló durante un encuentro con empresarios estatales. Allí se evaluó la primera etapa de implementación de las reformas. También se revisó su marcha en cerca de una docena de grupos empresariales de varios sectores, según recogió el diario oficial Granma.
«Siempre vamos a proteger la empresa estatal de la privatización», remarcó. Y abrió la puerta a «crear vínculos empresariales de diferentes tipos». El fin: que toda empresa estatal que se pueda salvar no tenga que quebrar.
Reformas económicas en Cuba: separar la propiedad de la gestión
El objetivo declarado es claro. Las 176 reformas buscan liberalizar y descentralizar la economía. Buscan «separar la propiedad de la gestión, atraer capital y mejorar la eficiencia». Y aprovechar mejor las capacidades hoy subutilizadas en la empresa estatal. Todo ello, añadió, «manteniendo la propiedad social como un principio irrenunciable».
El avance del sector privado, sin embargo, es un hecho medible. En Cuba funcionan hoy unas 16.100 empresas privadas. Solo en los últimos tres meses se aprobaron 3.600 nuevas entidades de este tipo. Todas nacieron al amparo del propio proceso de reformas.
Expertos ven un giro hacia el mercado en plena crisis
Expertos independientes consultados por EFE ven algo más. Consideran que el paquete posiciona al sector privado como un eslabón necesario. También como un eje fundamental ante la profunda crisis que atraviesa la isla. A su juicio, el andamiaje legal puede confirmar que Cuba avanza hacia el libre mercado. Por mucho que La Habana rechace la palabra privatización.
Las reformas económicas en Cuba llegan en un momento crítico. La economía cubana suma seis años de crisis profunda. La situación se agravó desde enero. Estados Unidos aplica una política de máxima presión, con bloqueo petrolero y sanciones adicionales. Busca forzar cambios políticos y económicos en la isla. Es un escenario que también mueve los mercados, como se vio hoy con la caída del petróleo de Texas ante un posible giro diplomático entre EE. UU. e Irán. Sigue la cobertura internacional en la sección de Mundo.
Lo que está en juego con las reformas económicas en Cuba
El debate de fondo es el papel de cada actor en la economía de la isla. El Gobierno defiende que la empresa estatal siga siendo el centro del sistema. El sector privado, en cambio, crece a un ritmo que las propias cifras oficiales ya no pueden ignorar.
Son dos realidades que conviven. Por un lado, cerca de una docena de grupos empresariales estatales revisan cómo aplicar las reformas sin perder el control de sus compañías. Por el otro, miles de negocios privados nuevos abren sus puertas en apenas un trimestre y sostienen una parte creciente de la actividad diaria.
La Habana insiste en una línea divisoria. Una cosa es cambiar la gestión, atraer capital y buscar eficiencia. Otra muy distinta, sostiene el presidente, es traspasar la propiedad. Esa propiedad, repite el discurso oficial, debe seguir siendo social.
Los expertos citados por EFE miran el proceso con otra lectura. Para ellos, cuando el sector privado se vuelve un eje necesario de la economía, el país se mueve en la práctica hacia el mercado, llámese como se llame el modelo. La crisis de seis años, agravada por el bloqueo petrolero y las sanciones de Washington, empuja en esa dirección.
Queda por verse el resultado en la calle. Las 215 normas aprobadas en tres meses dan el marco legal. La eficiencia prometida, el aprovechamiento de las capacidades hoy paradas y la salvación de las empresas estatales viables dependerán de cómo se aplique ese marco en cada sector.
