El partido Redes consignó este viernes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad.
El partido Redes consignó este viernes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la ley de partidos políticos, en un intento por recuperar su tarjeta electoral y reabrir la participación de las organizaciones que, según su dirección, fueron apartadas de la competencia mediante intervenciones judiciales. El escrito está suscrito por la nueva dirección política de la organización, anunció su dirigente Juan Barreto al presentar el documento.
La acción se centra en los artículos 25 y 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que Redes considera «abiertamente contrarios al derecho a la igualdad» porque, a su juicio, favorecen a los grandes partidos tradicionales en detrimento de la representación de las minorías. Junto a la nulidad, el recurso incluye una solicitud de amparo cautelar y, de manera subsidiaria, una medida cautelar innominada para que los derechos políticos de la organización sean restituidos de inmediato mientras la Sala decide el fondo del caso.
«Nuestra tarjeta fue expropiada»: el reclamo contra la ley de partidos políticos
Barreto sostuvo que las disposiciones cuestionadas han sido utilizadas para restringir la participación de los partidos no alineados con el Gobierno y para facilitar la adjudicación de tarjetas electorales a otros factores políticos. «Nuestros derechos deben ser restituidos de inmediato y, junto con nuestros derechos, los derechos de más de 40 partidos que hoy se encuentran secuestrados, inhabilitados, con falsas direcciones políticas que han sido intervenidos», declaró el dirigente durante la presentación de la nueva dirección de Redes.
La organización afirma que ha sido «objeto de persecución y judicialización durante al menos una década». «Redes ha sido judicializada y perseguida durante al menos dos quinquenios. Fuimos sacados a la fuerza de la participación política y nuestra tarjeta fue expropiada», señaló Barreto, quien insistió en que la organización fue desplazada pese a que no existían problemas jurídicos ni divisiones internas que justificaran esa decisión, por lo que atribuye lo ocurrido a decisiones políticas destinadas a impedir la representación de determinados sectores.
PCV, Tupamaro y Acción Democrática, citados como precedentes
En su exposición, Barreto mencionó los casos del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tupamaro y Acción Democrática como ejemplos de organizaciones cuyos derechos de participación han sido afectados por intervenciones y disputas sobre su conducción política y sus tarjetas electorales. También vinculó la iniciativa con las denuncias sobre inhabilitaciones políticas y con las recientes declaraciones de la exmagistrada Bárbara César Siero, quien ha reconocido su participación en la firma de decisiones de ese tipo y mencionó explícitamente el caso de Redes.
El documento, subrayó el dirigente, no se limita a los intereses de su organización: estará abierto a la adhesión de otras agrupaciones políticas y de los ciudadanos que respalden la iniciativa. «No se trata de defender los intereses de Redes o de un puñado de venezolanos, por numerosos que seamos, sino defender los intereses concretos y difusos de carácter político y social de todos los venezolanos y de todas las organizaciones políticas», afirmó. El planteamiento llega en la misma semana en que la Conferencia Episcopal exigió elecciones libres con un CNE imparcial y un TSJ independiente y en que una multitud en Plaza Venezuela pidió «elecciones ya», dos señales de que la presión por condiciones electorales vuelve a ocupar el centro del debate venezolano, mientras el diálogo entre el Gobierno y sectores opositores cerró su tercera ronda.
Lo que se sabe hasta ahora
El recurso ya está en manos de la Sala Constitucional, que deberá decidir primero si admite la solicitud de amparo cautelar —lo que podría restituir provisionalmente los derechos de Redes— y luego pronunciarse sobre la nulidad de los artículos 25 y 32. Barreto presentó la acción como una iniciativa para promover la reinstitucionalización del país y crear condiciones para una competencia política con garantías: «Este documento es un documento para la paz, es un documento para el entendimiento, es un documento para la estabilidad política y es un documento para que en Venezuela existan condiciones, garantías y transparencia», sostuvo.
Por qué importa
El caso pone a prueba, dentro del propio TSJ, el mecanismo que durante años ha dejado fuera de las boletas a partidos incómodos para el poder: si la Sala Constitucional admitiera siquiera la cautelar, se abriría una grieta en el sistema de intervenciones que ha reordenado el mapa partidista venezolano sin pasar por las urnas. Para los venezolanos —dentro y fuera del país— que reclaman una ruta electoral creíble, la suerte de este recurso dirá si las reglas de participación pueden discutirse en los tribunales o si seguirán decidiéndose por sentencia a favor de direcciones impuestas. (Con información de Noticia al Día)
