La rebaja de condenas en Chile se convirtió este viernes en la mayor crisis del Gobierno de José Antonio Kast: el ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de penas, después de que se conociera que su cartera benefició a 56 personas condenadas por abuso sexual y violación de menores, la mayoría de las cuales ya salió de la cárcel.
Rebaja de condenas en Chile: «la mayoría tiene que haber salido»
El propio Rabat reconoció la noche del jueves, en una entrevista televisiva, que los beneficiados ya están en su mayoría en libertad. «La mayoría tiene que haber salido», respondió al ser consultado por el destino de los 56 condenados. Según reveló el medio de investigación Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre el Gobierno dictó tres decretos que rebajaron las penas a 27 personas condenadas por abuso sexual y 29 por violación, todos delitos cometidos contra menores de edad; solo una solicitud fue rechazada en ese período. El Mostrador agregó que también fueron beneficiados al menos dos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El ministro defendió las resoluciones con el argumento de que la ley lo obligaba: «Existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma de manera inmediata, nos correspondía dictar esas resoluciones», sostuvo en radio Duna. El Ejecutivo apeló además a una supuesta doctrina de la Corte Suprema, pero la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, lo desmintió el jueves: «Fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos», afirmó la jueza, y recalcó que los tribunales no pueden pronunciarse si nadie recurre de amparo contra las decisiones de la comisión de rebaja de condenas.
Lo que se sabe hasta ahora
El Ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas y un proyecto para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a esos beneficios.
Los 56 beneficiados —27 por abuso sexual y 29 por violación de menores— están en su mayoría libres, según admitió el ministro Rabat; revertir los decretos ya ejecutados es jurídicamente complejo.
Una reforma de febrero de 2022 a la ley penitenciaria excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores del beneficio de rebaja de pena por buena conducta.
La oposición convocó una sesión extraordinaria del Congreso para abordar el escándalo y planteó incluso un juicio político contra el ministro de Justicia.
El exministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, calificó la decisión de «error garrafal»: el ministerio aceptó las rebajas sin defender su posición ante los tribunales.
Un golpe al corazón de la promesa de Kast
La controversia golpea el centro del programa con el que Kast llegó al poder en marzo: la seguridad pública y la mano dura contra la delincuencia, junto al cuidado de la familia y la niñez. Las críticas no llegaron solo de la oposición y de expertos penales, sino también de sectores del propio oficialismo, que ven cómo la medida contradice la promesa central de la campaña. Los expertos citados por la prensa chilena coinciden en que el ministerio actuó administrativamente, sin esperar el litigio judicial que en gobiernos anteriores servía de filtro: antes, cuando un condenado pedía el beneficio, la cartera se negaba y defendía esa negativa ante la Corte de Apelaciones, que resolvía caso a caso.
Para las víctimas y sus familias, la discusión no es técnica: decenas de agresores sexuales de menores recuperaron la libertad por una vía administrativa que la ley de 2022 buscaba cerrar. Para el Gobierno de Kast, el costo es político y puede ser duradero: la sesión extraordinaria del Congreso y la amenaza de juicio político contra Rabat marcarán los próximos días, mientras el Ejecutivo intenta cerrar la puerta que él mismo abrió con un proyecto que impida que estos condenados vuelvan a acceder al beneficio. (Con información de France 24, El País y Caracol Radio)
