La producción de petróleo en Los Ángeles tiene fecha de salida.
La producción de petróleo en Los Ángeles tiene fecha de salida. El Concejo Municipal aprobó este miércoles por unanimidad una ordenanza que prohíbe la perforación y el bombeo de petróleo y gas en la ciudad, tras más de una década de reclamos de las comunidades que viven junto a los pozos y que atribuyen a esa actividad riesgos de contaminación y daños a la salud.
La ordenanza declara la extracción de petróleo y gas como un uso no conforme en todas las zonas de la ciudad, según el texto aprobado por el organismo municipal. Con esa figura legal, las operaciones existentes no podrán expandirse y deberán apagarse de manera gradual, en un proceso que se extenderá durante los próximos 20 años.
Producción de petróleo en Los Ángeles: 600 pozos activos y 1.200 inactivos
El plan de salida alcanza a unos 600 pozos petroleros activos y a otros 1.200 que ya están inactivos en la ciudad. No es una cifra menor: más de medio millón de residentes del condado de Los Ángeles viven a menos de un kilómetro de un pozo activo, una cercanía que, según el propio Concejo, ha expuesto durante años a vecindarios enteros a los peligros de la perforación.
«Las comunidades de primera línea y las comunidades de color han sufrido injusticias históricas causadas por la exposición a los peligros conocidos para la salud y la seguridad pública de la perforación petrolera», sostiene el documento aprobado. El texto advierte además que las operaciones de extracción están asociadas a impactos potenciales cuando ocurren cerca de escuelas, guarderías, centros de atención para ancianos, parques, hospitales o residencias.
Una batalla que ya se ganó en 2022 y se perdió en los tribunales
La votación de este miércoles reactiva una pelea institucional larga. En marzo de 2022, el propio Concejo Municipal prohibió la perforación de nuevos pozos y ordenó eliminar gradualmente todas las perforaciones existentes en 20 años, pero en septiembre de 2024 un tribunal anuló la medida al concluir que la ciudad carecía de competencias frente a la regulación estatal. La nueva ordenanza busca retomar ese camino con un marco distinto, mientras en otras partes del país el petróleo sigue moviendo decisiones de otro signo, como la llegada a Texas del primer cargamento de petróleo venezolano del acuerdo entre Estados Unidos y NABEP.
La medida queda ahora sujeta a la aprobación definitiva de la alcaldesa, Karen Bass. El Ayuntamiento la enmarca en sus objetivos de alcanzar la neutralidad de carbono para 2035 y de proteger la salud pública de los residentes en los vecindarios adyacentes a las zonas de extracción, en un estado donde la agenda pública de California también se mueve en otros frentes, como la disputa judicial por los votos por correo. Si la alcaldesa la firma, Los Ángeles, una de las ciudades que creció sobre sus propios yacimientos, empezará a cerrar por ley una era petrolera que duró más de un siglo.
Lo que cambia para los vecindarios junto a los pozos
Para los vecindarios que conviven con los balancines, la ordenanza aprobada este miércoles es la respuesta a más de una década de pedidos para que la ciudad actuara contra las empresas petroleras y los riesgos de contaminación que, según los residentes, afectan a miles de personas. La exposición no es un problema abstracto: las perforaciones operan en plena trama urbana, junto a viviendas, y el propio texto municipal reconoce que las comunidades de primera línea y las comunidades de color han cargado durante años con las injusticias históricas de esa cercanía.
El mecanismo elegido, declarar la extracción un uso no conforme en todas las zonas, implica que la actividad queda fuera del ordenamiento vigente y abocada a desaparecer, no a crecer: los pozos actuales se irán apagando de forma gradual durante los próximos 20 años, el mismo horizonte que la ciudad ya se había marcado en 2022. Entre tanto, la cuenta de pozos sobre la mesa sigue siendo alta, con unos 600 activos y alrededor de 1.200 inactivos repartidos por la ciudad.
El siguiente paso está en manos de la alcaldesa, Karen Bass, cuya aprobación definitiva pondría la ordenanza en vigor. Su firma también mediría hasta dónde llega el compromiso climático que el Ayuntamiento se fijó al plantearse la neutralidad de carbono para 2035: cerrar la producción local de petróleo y gas es una de las piezas más visibles de esa ruta, y una de las más disputadas, como demostró la anulación judicial de 2024, cuando un tribunal concluyó que la ciudad carecía de competencias frente a la regulación estatal y tumbó la prohibición anterior.
