La prisión preventiva de Luisa González ya es un hecho.
La prisión preventiva de Luisa González ya es un hecho: un juez de Ecuador ordenó este viernes 23 de octubre el ingreso en prisión provisional de la excandidata presidencial del correísmo, detenida el jueves, mientras continúa el proceso en su contra por presunto lavado de activos vinculado a las finanzas de su campaña electoral de 2023. La Fiscalía General del Estado anunció que el magistrado acogió el pedido del Ministerio Público, en una decisión que sacude a la política ecuatoriana a cinco semanas de las elecciones locales del 29 de noviembre.
La audiencia de formulación de cargos se celebró por videoconferencia, con González retenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil, a donde fue trasladada tras su arresto de la madrugada del jueves en su domicilio de Canuto, una localidad rural del cantón Chone, en la provincia costera de Manabí, donde se crió. La resolución se conoció hacia el mediodía de este viernes, tras una audiencia telemática y reservada instalada durante la madrugada.
Prisión preventiva de Luisa González: quiénes más quedaron detenidos
La medida no alcanzó solo a la dirigente correísta. También irán a prisión preventiva otros dos procesados en la misma causa: el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil durante la administración del exalcalde Aquiles Alvarez. Para una cuarta procesada, Estefanía Molina, el juez dispuso medidas alternativas: presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.
Qué investiga el caso Laberinto
Bajo el nombre de caso Laberinto, la Fiscalía busca comprobar si dinero obtenido por Aquiles Alvarez —exalcalde guayaquileño hoy condenado por comercialización ilegal de combustibles— acabó financiando la campaña electoral del correísmo en las presidenciales de 2023. Según el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, se rastrea el origen y el destino de alrededor de medio millón de dólares que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, se habrían movido a través de varias personas jurídicas para gastos de publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023, al margen de los aportes declarados.
El caso tomó fuerza en marzo pasado con el testimonio de Santiago Díaz, expulsado del correísmo tras ser denunciado por la violación de una menor, delito por el que recibió una condena de 29 años y 4 meses de prisión. Díaz declaró, sin aportar pruebas, que había trasladado dinero en efectivo desde Venezuela a Ecuador por orden del expresidente Rafael Correa para financiar la campaña de 2023.
La respuesta de González y del correísmo
Durante la audiencia, González reiteró su intención de permanecer en el país y defenderse en persona: recordó que desde marzo ya estaba investigada por la presunta financiación irregular de su campaña, afirmó que enfrenta 19 procesos fiscales y recalcó que se sabe inocente y perseguida política. El correísmo ha denunciado el caso como un ‘lawfare’, una persecución judicial con fines políticos, contra la principal fuerza de oposición al presidente Daniel Noboa.
González, de 48 años, es una de las principales dirigentes de Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por Correa, y fue su candidata presidencial en 2023 y 2025: en ambas elecciones llegó a la segunda vuelta y perdió frente a Noboa. Las investigaciones contra su organización han llevado además a la suspensión de Revolución Ciudadana, impedida de participar en las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que aspiraba a reelegir autoridades en ciudades como Quito y Guayaquil.
La decisión judicial llega un día después de la detención de Luisa González en Manabí, que La Noticia de Hoy siguió desde la madrugada del jueves, y en medio de una crisis de seguridad que esta misma semana dejó ocho presos muertos en dos masacres carcelarias en Ecuador. El proceso continúa ahora con la líder opositora en prisión preventiva, a la espera de las siguientes etapas judiciales.
