El petróleo de Malvinas ya tiene fecha en un tribunal internacional.
El petróleo de Malvinas ya tiene fecha en un tribunal internacional. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias orales del caso que Argentina presentó contra el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur, mediante una orden firmada este martes por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga. El tribunal con sede en Hamburgo, en Alemania, deberá decidir si frena el proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.
La decisión llega exactamente una semana después de que el gobierno de Javier Milei presentara su solicitud de medidas provisionales, el 13 de octubre, y confirma el ritmo acelerado de este tipo de procedimientos de urgencia. Las audiencias se celebrarán en la sala principal del tribunal, serán públicas y se transmitirán en vivo por la página web del ITLOS; diplomáticos, prensa y público en general podrán registrarse para asistir de forma presencial.
Lo que se sabe hasta ahora
- Las audiencias serán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo y el caso quedó registrado con el número 37 en el tribunal.
- Argentina pide frenar el inicio o la continuación de la explotación petrolera y que no se otorguen nuevos permisos en la zona en disputa.
- El yacimiento Sea Lion está a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de Malvinas, en un área de 541,40 km² de la licencia PL032.
- Lo operan la israelí Navitas Petroleum, con el 65 %, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35 %; la producción está prevista para el primer trimestre de 2028.
- Una decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido.
Qué pide Argentina con el petróleo de Malvinas
Buenos Aires solicita cuatro medidas concretas: que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de usar la información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de las obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa. Para concederlas, el tribunal deberá evaluar si tiene jurisdicción inicial, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas son proporcionales.
El procedimiento comenzó el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y notificó formalmente a Londres, con la advertencia de que, si en dos semanas no se frenaba la explotación, Argentina acudiría a Hamburgo. El plazo venció el 12 de octubre sin cambios en la postura británica y al día siguiente el canciller Pablo Quirno formalizó la solicitud apoyada en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar, que permite pedir medidas provisionales cuando el tribunal arbitral aún no se ha constituido y la urgencia lo exige. El Reino Unido ya había rechazado las medidas el 11 de octubre.
El escrito argentino, de 49 páginas y firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, fue preparado por la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal. Su argumento central es el ambiental: según la propia documentación de las operadoras que cita la presentación, el plan de contingencia para derrames proyectó un 30 % de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo hacia aguas argentinas después de 30 días, y de hasta el 100 % en 14 días para un crudo más liviano. El desarrollo completo contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción y un buque de producción y almacenamiento (FPSO); la campaña de perforación de la primera fase se espera para principios de 2027.
La respuesta de Londres
El Reino Unido confirmó que participará del proceso, pero trazó sus límites. Ante la Cámara de los Comunes, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la notificación no invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas ni exige que las actividades de hidrocarburos cesen. Sobre las medidas provisionales, la posición británica es que son vinculantes para las partes y que el país cumple sus obligaciones internacionales, lo que equivale a aceptar que acataría una orden del tribunal si llegara a dictarse.
En paralelo, Londres anunció la activación de su legislación de protección de intereses comerciales, que permite impedir que empresas y personas británicas sean obligadas a cumplir regulaciones extraterritoriales de otros países. El canciller Ed Miliband calificó de «inaceptables» los intentos argentinos de «intimidar a empresas e individuos» y afirmó que el apoyo británico a las islas es «inquebrantable». Semanas antes, el 21 de septiembre, las autoridades de las islas habían extendido por cinco años todas las licencias de producción hidrocarburífera de la zona.
Un dato institucional suma atención a las audiencias: desde el 1 de octubre la vicepresidenta del ITLOS es la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, elegida para el período 2026-2029 e integrante del tribunal desde 2023. Su nacionalidad no impide que participe en el caso, porque el estatuto del tribunal no prevé la recusación automática por nacionalidad. El antecedente más citado del procedimiento es el de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012: Argentina pidió medidas provisionales el 14 de noviembre de ese año y el tribunal ordenó su liberación inmediata el 15 de diciembre.
Por qué importa
Lo que se juega en Hamburgo no es la soberanía del archipiélago, que el tribunal no va a resolver, sino algo más inmediato: si el proyecto petrolero más avanzado del Atlántico Sur puede seguir adelante mientras dura el arbitraje. En un mercado energético que, como advirtió esta misma jornada la Agencia Internacional de la Energía sobre los precios del petróleo, sigue bajo presión, Sea Lion es también una pieza económica: las operadoras tomaron su decisión final de inversión a fines de 2025 y mantienen la meta de producir el primer barril en 2028. Para Argentina, una orden de medidas provisionales sería la primera decisión internacional obligatoria que frene actividades en la zona en disputa; para el Reino Unido, que en otros frentes sostiene su presencia militar y comercial en el Atlántico Sur, como con el despliegue de cazas Typhoon en Arabia Saudita, el caso pone a prueba hasta dónde llega su margen unilateral en Malvinas. Las respuestas empezarán a conocerse el 10 de noviembre.
