El presidente de Colombia, Gustavo Petro anunció tener una propuesta de paz política dirigida al gobernante venezolano, Nicolás Maduro. La iniciativa busca brindar garantías a quienes pierdan las elecciones presidenciales del 28 de julio mediante un plebiscito.
La propuesta, que Petro también compartió con la oposición, tiene como objetivo establecer un pacto democrático que asegure la certeza sobre la vida, los derechos y las garantías políticas para cualquier ser humano que participe en las elecciones. Según el mandatario colombiano, esta medida podría ser crucial para la estabilidad en la región.
El embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo, entregó el borrador de la propuesta a Petro después de consultar con factores políticos, académicos y empresarios venezolanos. El proceso ha sido meticuloso y delicado, ya que se busca evitar posibles represalias por parte del gobierno de Maduro.
Desde entonces, el embajador Rengifo ha trabajado incansablemente en la redacción del documento. Según fuentes cercanas, el presidente colombiano, su mano derecha Laura Sarabia y el canciller Luis Gilberto Murillo ya han revisado el borrador. El diario español El País informó sobre este desarrollo el pasado lunes 27 de mayo.
Sin embargo, queda un paso crucial: presentar la propuesta a Nicolás Maduro. Aunque el líder venezolano ha prometido considerarla, es improbable que el chavismo madurista apoye una medida de tal magnitud.
El borrador inicial contemplaba un plebiscito que se celebraría el mismo día de las elecciones. Las preguntas planteadas resolverían la conflictividad política en Venezuela. Si el chavismo gana, se comprometería a no perseguir a la oposición, mientras que si esta última prevalece, no habría represalias contra el oficialismo ni persecuciones judiciales. La palabra “transición” estaría en el centro de este acuerdo.
La Cancillería colombiana sugiere que el gobierno de Maduro y la oposición deberían sentarse nuevamente para firmar un acuerdo. El texto redactado por Rengifo aborda cinco puntos cruciales: sanciones, inhabilitaciones para futuras elecciones, reinstitucionalización del país, defensa del Esequibo y seguimiento de la implementación. Estos aspectos son similares a los acuerdos de Barbados, suscritos en octubre de 2023 pero aún no aplicados en su totalidad.
Si se firma este acuerdo, los venezolanos lo refrendarían en una consulta popular el mismo día de las elecciones presidenciales. Expertos electorales creen que el Consejo Nacional Electoral podría maniobrar técnicamente para implementarlo antes del 10 de junio, aproximadamente seis semanas antes de la fecha de los comicios.
El destino de este texto, que actualmente se encuentra en la Casa de Nariño, podría ser crucial para el proceso político en Venezuela. Los candidatos presidenciales distintos al gobernante esperan ansiosos la propuesta concreta de Petro para evaluarla y pronunciarse sobre su viabilidad. La región observa con atención este intento de construir puentes hacia la paz y la estabilidad en un momento crucial de su historia.
