El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el sábado 31 de agosto que el gobierno de Nicolás Maduro ha trasladado a más de 700 presos políticos, detenidos en las protestas poselectorales, a los centros penitenciarios de Carabobo (Tocuyito) y Aragua (Tocorón). Esta acción ha generado preocupación entre los familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre las condiciones infrahumanas en las que se encuentran.
Según un comunicado del OVP, el traslado se realizó el domingo 25 de agosto, cuando un grupo de detenidos fue llevado al Internado Judicial Capital Yare III en Miranda. Allí, los reclusos fueron sometidos a humillaciones, como el rapado de cabello y la imposición de uniformes azules. Posteriormente, fueron trasladados en al menos 14 autobuses hacia los centros penitenciarios mencionados.
El OVP también reportó traslados desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Francisco, Zulia, y desde la Dirección de Investigaciones Penales de la PNB en Barinas, hacia Tocorón y Tocuyito. En todos estos casos, las autoridades negaron información a los familiares sobre el destino de los presos, lo que ha generado un clima de incertidumbre y angustia.
La organización ha expresado su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los detenidos. Aseguran que no se han realizado chequeos físicos ni psicológicos, lo que es especialmente alarmante para aquellos con discapacidades o enfermedades preexistentes. Muchos familiares han tenido que viajar largas distancias para intentar obtener información sobre sus seres queridos, y en los penales no hay listas de trasladados ni comunicación clara sobre los días de visita.
El OVP ha documentado que los detenidos viven en condiciones infrahumanas, con falta de agua potable y alimentos. La organización ha denunciado que los reclusos deben compartir celdas hacinadas y que la comida y el agua potable deben ser suministrados por sus familiares. En algunos casos, los detenidos se ven obligados a hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos, lo que agrava aún más su situación.
El OVP ha manifestado su compromiso de informar al sistema internacional sobre las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el país. La organización ha calificado estos traslados como una violación de las garantías judiciales y ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a la situación de los presos políticos en Venezuela.
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Con aproximadamente 1,780 presos políticos en el país, según cifras del Foro Penal, la situación se torna cada vez más crítica. Las organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso del sistema penitenciario como herramienta de represión política, donde los detenidos son sometidos a tratos crueles e inhumanos.
