La Operación Fénix asestó este lunes uno de los golpes financieros más fuertes de los últimos años contra el ELN en Colombia. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ejecutaron medidas de extinción de dominio sobre 83 bienes avaluados en $36.310 millones, que según las autoridades pertenecían a una estructura criminal al servicio del Frente Camilo Torres Restrepo.
El presidente Abelardo de la Espriella reveló los detalles del operativo y aseguró que la acción busca desmantelar las economías ilegales con las que la guerrilla financia sus actividades. «Al ELN le estamos quitando sus fortunas, sus bienes y el dinero con el que financia el narcoterrorismo», escribió el mandatario en su cuenta de la red social X al anunciar los resultados.
Qué ocupó la Operación Fénix al ELN
El inventario de bienes intervenidos da una idea de la magnitud de la red de lavado que atribuyen los investigadores a esa estructura: seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes, es decir, cabezas de ganado que también pasaron a manos del Estado.
Los bienes estaban distribuidos en seis departamentos del país: Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander. Esa dispersión geográfica, según la explicación oficial, muestra cómo la estructura movía y escondía su dinero lejos de las zonas donde operaba armadamente, mezclando propiedades urbanas, negocios formales y activos rurales.
La ruta de la cocaína que financiaba la estructura
De acuerdo con el presidente, la organización utilizaba predios rurales en Teorama, en Norte de Santander, para producir cocaína. La droga era enviada luego a Centroamérica a través del puerto de Cartagena y distribuida también en ciudades como Bogotá y Medellín, un circuito que combinaba producción en zona de frontera, salida marítima y mercados internos.
Los cabecillas de la organización, identificados con los alias de Wilson, Cantante y José, ya habían sido capturados en fases anteriores de la investigación, según confirmó el propio mandatario. Con la extinción de dominio, las autoridades buscan ahora cerrar el ciclo completo: no solo detener a los responsables, sino quitarles el patrimonio acumulado con el negocio ilícito.
«Le vamos a quitar hasta el último peso que pretendan utilizar para financiar el terrorismo. Se les acabó el negocio de esconder fortunas, lavar dinero y comprar armas con la plata del narcotráfico», añadió De la Espriella. Los bienes ocupados quedan bajo administración de la SAE mientras avanzan los procesos judiciales que definirán su destino definitivo.
