La representante de la Unodc, Mónica Mendoza, afirmó que Bolivia se convirtió en un centro de operaciones para carteles como el CJNG, el PCC.
Los carteles en Bolivia dejaron de ser una sospecha para convertirse en un diagnóstico oficial. La representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza, afirmó que Bolivia se convirtió en los últimos años en un «hub» o centro de operaciones para las organizaciones internacionales de la droga, una realidad que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y cuyo abordaje abre una oportunidad para mejorar la lucha antinarcóticos en la región.
En una entrevista con la agencia EFE, Mendoza explicó que en territorio boliviano se ha identificado una «dimensión de expansión» de carteles extranjeros que operan con la anuencia de organizaciones locales. La lista que maneja la ONU incluye al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, a las organizaciones brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, además de grupos criminales peruanos y colombianos. La prueba, señaló, está en la cantidad de detenidos de esas nacionalidades que llenan las cárceles bolivianas y que están relacionados con los cuadros de mando de esas estructuras.
Carteles en Bolivia: sicariato y pelea por territorios
Para la representante de la Unodc, uno de los síntomas más claros del fenómeno es el incremento «significativo» de los casos de sicariato o asesinatos por encargo, señal de que los grupos «están confrontados» y «están peleando por territorios». Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, lo que obligó al Gobierno boliviano a movilizar al Ejército y a grupos de élite para reforzar la seguridad en esas áreas.
«Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones de otros países que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales», indicó Mendoza. A su juicio, Bolivia ya no puede verse solo como productora de materia prima o territorio de tránsito: el problema es mucho más complejo, porque confluyen delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, al modo de un «holding» o consorcio empresarial del crimen.
La coca subió un 7 % y Bolivia es el tercer productor mundial
El diagnóstico llega acompañado de cifras. Según el último informe de la Unodc, presentado en septiembre, los cultivos de hoja de coca en Bolivia subieron un 7 %: pasaron de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025. El país, donde la hoja de coca tiene un uso tradicional y ancestral, es el tercer productor mundial del arbusto, por detrás de Colombia, que en 2024 registró 261.000 hectáreas, y de Perú, que en 2025 reportó 84.546 hectáreas.
El contraste con el pasado reciente es marcado. Durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), las autoridades negaron la presencia de carteles o de «peces gordos» del narcotráfico y aseguraron que las operaciones ilícitas se reducían a emisarios o clanes locales. La administración de Paz, próxima a cumplir un año, reconoció en cambio que en Bolivia opera el crimen organizado transnacional y exhibe capturas de capos como la del uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado y enviado a Estados Unidos. Para Mendoza, esa captura supuso el fin de la «narcopaz», la tregua tácita en la que las organizaciones convivían con rutas y territorios repartidos.
Infiltración en la Justicia y el regreso de la DEA
La representante de la ONU advirtió además de una «política de expansión e infiltración del crimen organizado» en Suramérica que ha penetrado instituciones de la Justicia y se transforma en una red de corrupción para evitar la persecución del delito. Sus palabras llegaron al ser consultada por la destitución y el encarcelamiento del exfiscal general boliviano Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de proteger supuestamente al «narcoterrorismo». Negar esa infiltración, sostuvo, daría cabida a que el narcotráfico se instale en las instituciones y sea muy difícil recuperarlas.
Mendoza consideró «imposible» combatir el narcotráfico a gran escala de forma unilateral y planteó que Bolivia necesita una respuesta integral: perseguir el crimen y sus finanzas, aprobar normas antilavado y de extinción de dominio y lograr que la Justicia dicte más sentencias, que hasta ahora han sido «muy pocas». El Gobierno de Paz ya dio un giro a su política antinarcóticos al permitir de nuevo la colaboración de la DEA estadounidense, expulsada en 2008 por Morales, firmar un acuerdo con Washington y sumarse al Escudo de las Américas. La expansión regional de estas organizaciones también se ha visto en México, donde fue capturado «El Ingeniero», el constructor de narcotúneles del CJNG, y en el laboratorio de metanfetamina desmantelado en Durango. Siga la actualidad internacional en nuestra sección de Mundo. (Con información de EFE)
