El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días el estado de excepción en ocho provincias del país mediante el Decreto Ejecutivo 532, una decisión que mantiene el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las zonas que el Gobierno considera más golpeadas por el crimen organizado.
La medida abarca El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Da continuidad al Decreto 498, firmado en septiembre, y conserva la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, además de habilitar la intervención coordinada de militares y policías en esos territorios.
Estado de excepción en Ecuador: qué cambia con el Decreto 532
El nuevo decreto introduce, sin embargo, un retroceso en el alcance de las restricciones frente a disposiciones anteriores. El texto elimina expresamente la suspensión de la libertad de tránsito y no fija nuevos horarios de toque de queda, un giro que llega un día después de que concluyera un toque de queda focalizado que dejó miles de detenidos en el país.
Ese cambio de tono refleja, según el propio análisis que acompaña a la medida, el desgaste de los controles de movilidad aplicados en las últimas semanas. El Ejecutivo optó por mantener el componente militar y policial del estado de excepción, pero sin reponer las limitaciones generales a la circulación que marcaron la etapa previa.
Más de 300 homicidios en pocas semanas, según el Gobierno
La justificación oficial se apoya en informes del Ministerio del Interior que registraron más de 300 homicidios intencionales en pocas semanas. De acuerdo con esos reportes, las fuerzas de seguridad enfrentan un escenario de fragmentación de las bandas criminales y de disputas territoriales que, a juicio del Gobierno, impide suspender el despliegue extraordinario.
La prórroga se produce además a pocas semanas de los comicios seccionales programados para el 29 de noviembre, un contexto en el que el Ejecutivo busca garantizar condiciones de seguridad para el proceso electoral en las provincias bajo la medida. La cercanía de las elecciones añade presión política a una herramienta que la administración de Noboa ha utilizado de forma consecutiva desde enero de 2024.
Críticas por el impacto en derechos y en la democracia
Analistas y organizaciones independientes mantienen sus cuestionamientos a la eficacia de estos decretos consecutivos. Especialistas estiman que la prolongación del estado de excepción ha provocado retrocesos en la democracia y en el respeto a derechos fundamentales, y advierten sobre los riesgos que representa para la institucionalidad cuando una medida pensada como extraordinaria se vuelve permanente.
El debate no es nuevo en Ecuador. La entrega reciente de armamento a las Fuerzas Armadas, que La Noticia De Hoy recogió en su cobertura sobre Noboa y los militares, forma parte de la misma estrategia de seguridad que ahora se prolonga con el Decreto 532 y que seguirá en el centro de la discusión pública en las próximas semanas.
Por lo pronto, las ocho provincias incluidas en el decreto permanecerán bajo el régimen de excepción durante 30 días más, con militares y policías desplegados en conjunto, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia suspendidas y sin toque de queda general vigente. El Gobierno sostiene que la amenaza del crimen organizado lo exige; sus críticos responden que casi dos años de excepciones no han traído la seguridad prometida.
