Evo Morales jefe de un cartel: con esa frase, la más dura que un Gobierno boliviano ha lanzado contra el expresidente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acusó este miércoles a Evo Morales de encabezar la producción de droga que sale del Trópico de Cochabamba, la región cocalera del centro del país donde el exmandatario permanece desde 2024, protegido por una vigilia permanente de sus seguidores.
Oviedo hizo la afirmación en una entrevista con la radio local Erbol, recogida por la agencia EFE. Según el ministro, en el Trópico «no se mueve ni una mosca» sin la orden de Morales, y esa estructura le habría permitido financiar los bloqueos de carreteras que durante 53 días, entre mayo y junio pasados, exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. «¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico?», planteó el jefe de la cartera de Gobierno.
Evo Morales jefe de un cartel: los 8 millones que cita el Gobierno
El ministro aseguró que, durante los operativos policiales desplegados en medio de los bloqueos, las autoridades constataron que «más de ocho millones de bolivianos salían del Trópico», una cifra que el Gobierno presenta como la prueba del financiamiento de las protestas. Oviedo también señaló a sectores campesinos, entre ellos la federación Tupac Katari de La Paz, de haber aportado recursos a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana y los sectores afines a Morales.
Aquella crisis dejó dieciséis personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica a causa de los cortes de rutas, según el balance que recoge el cable. En pleno conflicto, el propio Morales había advertido públicamente que a Paz le quedaban «dos caminos»: «militarizar» el país o llamar a elecciones en noventa días «para evitar conflictos con muertos y heridos».
Evo Morales jefe de un cartel: las causas que ya acumula
La acusación de este miércoles se suma a un frente judicial que ya era amplio. La Fiscalía mantiene abierta una investigación penal contra Morales por alzamiento armado y terrorismo, en la que se le acusa de liderar las protestas y los bloqueos contra el Gobierno, y dentro de esa causa ya pesa una orden de captura en su contra. Bolivia vive además meses de tensión política en la región, como mostró también la salida de Nadia Beller hacia México con asilo.
A esa orden se suma otra detención previa, dictada dentro de una investigación por trata agravada de personas, en la que se acusa al exmandatario de haber mantenido presuntamente una relación con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia, con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016. Por esa denuncia, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024.
El señalamiento de Oviedo eleva el tono del pulso entre el Gobierno de Paz y el evismo a un nivel nuevo: ya no se trata solo de las protestas, sino de vincular directamente al expresidente con la jefatura de la producción de droga de su propio bastión. En la región, otros gobiernos también han endurecido su discurso frente al crimen organizado, como ocurrió con la renovación del estado de excepción en Ecuador por Daniel Noboa. Queda por ver si la acusación se traduce en una nueva causa penal formal contra Morales o si queda, por ahora, en el terreno de la denuncia pública.
