A menos de un mes de su toma de posesión programada para el 10 de enero, Nicolás Maduro ha anunciado su intención de llevar a cabo una «gran reforma constitucional» en Venezuela, con el objetivo de «consolidar la soberanía popular». Este anuncio se produce en un contexto político tenso y marcado por la crisis de legitimidad que enfrenta el chavismo tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales fueron objeto de denuncias de fraude por parte de la oposición.
Durante un acto político transmitido por televisión, Maduro afirmó haber conformado un equipo de asesores nacionales e internacionales para diseñar esta reforma que, según él, busca democratizar aún más la sociedad venezolana. «Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones», declaró el mandatario.
Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre los cambios propuestos ni sobre cómo se implementarán.Este anuncio no es nuevo en la historia política venezolana. En 2017, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente en medio de protestas masivas que exigían su salida del poder.
La Asamblea, que se autodenominó plenipotenciaria, tomó funciones del Parlamento controlado por la oposición y fue criticada por no haber realizado cambios significativos a la Constitución vigente. En cambio, se aprobaron leyes que fortalecieron el aparato represivo del Estado, como la ley contra el odio.
La Constitución actual fue aprobada en 1999 durante el mandato de Hugo Chávez y ha sido objeto de intentos de reforma en el pasado. En 2007, Chávez propuso cambios que incluyeron la reelección indefinida, pero sufrió su primera gran derrota electoral al ser rechazadas por el pueblo. A pesar de ello, algunos elementos propuestos fueron incorporados posteriormente a través de enmiendas.
Con las elecciones parlamentarias y regionales programadas para 2025, el chavismo se encuentra en su peor momento político. Las denuncias sobre irregularidades en las elecciones presidenciales han dejado a Maduro enfrentando una crisis de legitimidad. A pesar de esto, el presidente ha manifestado su deseo de realizar elecciones con premura entre febrero y marzo del próximo año.
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El Parlamento controlado por el chavismo ha estado activo en la aprobación de reformas legislativas que restringen las actividades de las ONG y establecen severas sanciones para la disidencia política. Recientemente se aprobó una ley sobre comunas y se introdujo una ley de justicia comunitaria que permite a jueces electos entre las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ejercer funciones judiciales.
En medio de este panorama, Maduro también ha lanzado acusaciones contra Provea, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El presidente afirmó que Provea trabaja para la CIA y descalificó sus denuncias sobre los más de 2.000 detenidos durante la represión poselectoral. «No es Provea, es ProCIA», dijo Maduro durante sus declaraciones recientes.
