Durante dos meses que parecieron interminables, Arelis Coromoto Villegas, una madre venezolana, se aferró a la esperanza mientras su hija de 21 años, Aurimar Iturriago Villegas, emprendía un peligroso viaje hacia Estados Unidos.
Desde su modesta casa de bloques en Venezuela, Arelis repetía una oración diaria: “Dios, protege a mi hija”. Su súplica fue escuchada cuando, en septiembre de 2022, Aurimar logró cruzar la frontera sur de Estados Unidos.
Sin embargo, la alegría de su llegada se tornó en tragedia cuando, a casi dos meses de haber llegado a Texas, Aurimar fue asesinada en un incidente violento en la carretera cerca de Dallas. Lo que siguió fue una serie de eventos inimaginables que desnudaron las fallas del sistema y el dolor de una madre que buscaba justicia y dignidad para su hija.
Aurimar había dejado atrás su hogar en La Villa del Rosario, un pequeño pueblo en Venezuela donde creció bajo un techo de láminas de metal y con electricidad intermitente. Desde joven, trabajó arduamente para ayudar a su madre a salir de la pobreza.
Con determinación, abandonó la escuela a los 16 años para limpiar casas y patios, prometiendo a Arelis: “No te preocupes mami, que yo voy a trabajar para darte todas las cosas para cambiar a una mejor vida”. Su viaje hacia Estados Unidos representaba no solo una búsqueda de mejores oportunidades, sino también un compromiso con su familia.
El sueño americano se convirtió en una pesadilla cuando Aurimar fue asesinada a tiros mientras viajaba en el asiento trasero de un vehículo. El incidente ocurrió en un contexto de creciente violencia y descontrol en algunas áreas urbanas de Estados Unidos. Para Arelis, esta noticia fue devastadora; aún más doloroso fue el descubrimiento posterior sobre lo que ocurrió con el cuerpo de su hija.
Sin que la familia lo supiera, las autoridades del condado de Dallas donaron el cuerpo de Aurimar a una escuela médica local. Allí, su cuerpo fue desmembrado y se le asignó un precio a las partes no dañadas por la bala que impactó su cabeza: 900 dólares por el torso y 703 por las piernas. En lugar de recibir un entierro digno o ser repatriada a Venezuela, Aurimar fue incinerada y enterrada junto a desconocidos en un cementerio en Dallas.
Arelis intentó desesperadamente repatriar los restos de su hija sin saber que estos ya habían sido utilizados para investigaciones médicas. No fue hasta dos años después del asesinato que se enteró del destino final de Aurimar al leer un informe publicado por NBC News y Noticias Telemundo. Este informe reveló los nombres de cientos de personas cuyos cuerpos fueron considerados abandonados y enviados al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas.
“Es algo muy doloroso”, lamentó Arelis en una entrevista desde su hogar. “Ella no es ningún animalito para que la descuarticen”. Su dolor resonaba no solo como el lamento de una madre perdida, sino también como una crítica al sistema que permite tal deshumanización.
La investigación periodística descubrió un patrón alarmante: los cuerpos no reclamados pertenecen frecuentemente a personas vulnerables —muchos sin hogar o con problemas de adicción— cuyos deseos familiares son ignorados. En muchos casos documentados por NBC News, los forenses y las instituciones médicas fallaron al no contactar a los familiares antes de declarar abandonados los cuerpos.
¿Qué pasó con el cuerpo de Aurimar?
Aurimar no encajaba en este perfil; mantenía contacto constante con su madre y habló con ella horas antes del trágico evento. Sin embargo, la Oficina del Médico Forense del condado tenía el número telefónico de Arelis pero no intentó comunicarse con ella antes de tomar decisiones fatales respecto al cuerpo.
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A medida que Arelis enfrentaba este calvario desde un país sin relaciones diplomáticas con Estados Unidos y sin acceso a internet, su lucha por reclamar los restos de Aurimar se volvió cada vez más desesperada. “Yo me pongo todas las noches y digo: ‘Dios mío. ¿Por qué te llevaste a mi hija?’”, expresó Arelis. “Yo no acepto la muerte de mi hija. Todavía no”.
El Centro de Ciencias de la Salud suspendió su programa de donación tras los hallazgos mediáticos y despidió a varios funcionarios responsables. Sin embargo, esto no alivia el sufrimiento ni devuelve la dignidad perdida a las familias afectadas.