La guerra en Colombia no da tregua y, según su defensora del pueblo, nadie está tratando de detenerla.
La guerra en Colombia no da tregua y, según su defensora del pueblo, nadie está tratando de detenerla. «La guerra está creciendo día a día. Nadie quiere parar la guerra», alertó Iris Marín en una entrevista con la AFP en su despacho de Bogotá, en la que cuestionó tanto a los grupos armados como la estrategia de mano dura del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
«Los grupos armados no quieren parar la guerra y lo han demostrado. Son crueles, no han aprovechado las oportunidades de paz. Y el gobierno nacional, por esa misma razón, tampoco va a parar la guerra», explicó la defensora, diez años después del acuerdo de 2016 que desarmó a las FARC y que ella considera un punto de inflexión que no logró cerrar el conflicto.
La guerra en Colombia crece día a día, según la defensora
Colombia, marcada por más de seis décadas de conflicto, registra constantes atentados con drones o coches bomba, secuestros y asesinatos perpetrados por mafias dedicadas principalmente al narcotráfico. El conflicto armado deja casi 10 millones de víctimas, la mayoría desplazados, y las organizaciones que antes desafiaron al Estado como guerrillas o paramilitares aumentaron su poder tras la desmovilización de las FARC.
La violencia no da muestras de ceder tras la llegada a la presidencia, hace casi tres meses, del derechista Abelardo de la Espriella, que se comprometió a doblegar a los insurgentes con el lema de «tumba o cárcel» y sepultó todas las iniciativas de paz heredadas del Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), el primer presidente izquierdista en la historia del país.
El temor: más presión armada sobre la población civil
Según Marín, las políticas de mano de hierro del actual Gobierno pueden desencadenar una mayor presión de los grupos ilegales sobre la fuerza pública y más violencia contra la población civil en los territorios y corredores estratégicos para el tráfico de cocaína. «Seguramente van a responder mostrando también su poder militar, su capacidad armada y de amedrentamiento», afirmó.
La defensora añadió que los grupos armados «están más nerviosos de lo que estaban antes», especialmente los que participaban en procesos de negociación de paz con el Gobierno anterior, y lamentó que se repitan los errores de enfrentar el conflicto sin una «visión integral» que ataque la debilidad institucional, la impunidad y la falta de desarrollo en los territorios donde la guerra echó raíces.
Un Gobierno «militarista» y la guerra como espectáculo
Marín calificó al Ejecutivo de De la Espriella como «un gobierno mucho más militarista», que prefiere hacer de la persecución militar «una especie de escenografía, como un show». Cuestionó que el presidente informe de los operativos con música de guerra de fondo, pistola al cinto e incluso rodeado de cadáveres en bolsas blancas, imágenes que difunde en sus redes.
«Exalta únicamente el uso de las armas, el uso de la fuerza, pero también, la parte más preocupante que es la simbólica, es el desprecio de la vida de una persona por el hecho de ser miembro de un grupo armado ilegal», dijo, y recordó que incluso quienes han cometido los crímenes más graves tienen salvaguardas en el derecho internacional humanitario.
También se mostró escéptica frente a la militarización temporal de ciudades afectadas por brotes de violencia: desde que asumió el 7 de agosto, De la Espriella ya ordenó militarizar el turístico puerto de Santa Marta y Cúcuta, la capital fronteriza con Venezuela. Esa estrategia, advirtió, «puede generar presencia del Estado, pero no necesariamente va a ser sostenible ni resolver los problemas de fondo». En ese contexto se inscribe la reciente discusión sobre seguridad que también rodea a hechos como el robo en la Universidad Javeriana de Bogotá.
Los niños, atrapados en la guerra en Colombia
El pasaje más duro de la entrevista fue el dedicado a los menores reclutados por los grupos armados. La campaña de bombardeos del nuevo Gobierno contra campamentos guerrilleros deja al menos ocho adolescentes muertos, y Marín citó regiones como Catatumbo, el Cauca y el Guaviare, bastiones donde el reclutamiento de menores es una práctica común. «Aun así los operativos han continuado» en esas zonas, lamentó.
Solo el año pasado se registraron 428 casos de reclutamiento infantil, según la Defensoría del Pueblo. «Nos estamos acostumbrando a que es un daño colateral de la guerra», dijo Marín, para quien este fenómeno es «la foto más triste» del fracaso estatal para proteger a la población civil y, especialmente, a los niños, los más vulnerables del conflicto colombiano. La alerta llega en plena negociación salarial y agenda social del país, marcada también por propuestas como la de Fenalco sobre el salario mínimo de 2027.
Lo que se sabe hasta ahora
- La defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó en entrevista con la AFP que «nadie quiere parar la guerra» en Colombia y que el conflicto crece día a día.
- Cuestionó la estrategia de «tumba o cárcel» del presidente Abelardo de la Espriella, al que calificó de gobierno «militarista» que convierte los operativos en un «show».
- Advirtió que la mano dura puede aumentar la presión de los grupos armados sobre la fuerza pública y la población civil en los corredores del narcotráfico.
- Recordó que el año pasado se registraron 428 casos de reclutamiento infantil y que los bombardeos del nuevo Gobierno dejan al menos ocho adolescentes muertos.
- El conflicto colombiano deja casi 10 millones de víctimas, la mayoría desplazados, diez años después del acuerdo que desarmó a las FARC.
Marín defendió que Colombia necesita una política integral —instituciones, justicia y desarrollo territorial— y no solo operaciones militares, si quiere que la guerra en Colombia deje de crecer. (Con información de AFP)
