El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles 30 de abril un aumento de las pensiones a 50 dólares y un alza del 23% en el denominado “ingreso mínimo integral” del sector público, compuesto por bonificaciones que no inciden en el cálculo de beneficios laborales. Sin embargo, el salario mínimo legal permanece congelado en 130 bolívares mensuales, equivalentes a apenas 1,48 dólares al cambio oficial actual.
Maduro explicó que las pensiones, que desde hace tres años estaban fijadas en 130 bolívares, pasarán a pagarse en bolívares pero estarán “indexadas” mensualmente al dólar, alcanzando así los 50 dólares. El mandatario justificó la medida como un esfuerzo para mitigar el impacto de la inflación crónica, que ha diluido el valor real de los ingresos en el país.
El anuncio incluyó también el incremento del “ingreso de guerra económica”, un bono que sube de 90 a 120 dólares mensuales, y que junto al bono de alimentación de 40 dólares, eleva el ingreso mínimo integral de los empleados públicos a 160 dólares mensuales, según cifras oficiales. Este esquema de bonificaciones, implementado en los últimos años, busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores frente a la devaluación del bolívar y las sanciones internacionales, según argumentó el propio Maduro.
A pesar de los anuncios, el salario mínimo base sigue sin cambios desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales. Hoy, esa cifra se ha reducido a menos de dos dólares debido a la inflación y la depreciación de la moneda local. Organizaciones sindicales y gremiales, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), han rechazado la política de bonificación, señalando que estos pagos no tienen incidencia en prestaciones sociales, aguinaldos ni vacaciones, y que debilitan los derechos laborales y las contrataciones colectivas.
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Los sindicatos han insistido en la necesidad de un aumento sustancial del sueldo base, que permita a los trabajadores cubrir la canasta básica y recuperar el valor de sus ingresos. La propuesta sindical apunta a un salario mínimo cercano a los 200 dólares mensuales, muy por encima de los niveles actuales, y advierten que la bonificación no resuelve el problema estructural de los bajos salarios en Venezuela.
El mandatario también anunció la creación de un nuevo bono de “protección de la familia trabajadora”, que se estima beneficiará a cinco millones de familias, aunque no se reveló el monto ni los detalles del mecanismo, los cuales serán informados próximamente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
