Las leyes antiterroristas en Tanzania se han convertido en un arma para silenciar a las voces críticas.
Las leyes antiterroristas en Tanzania se han convertido en un arma para silenciar a las voces críticas, según denunció este miércoles Amnistía Internacional (AI), que acusó a las autoridades del país africano de usarlas «de forma abusiva» en un contexto de «impunidad generalizada» tras la represión de las protestas que siguieron a las elecciones generales del 29 de octubre de 2025.
La organización de derechos humanos sostiene que, casi un año después de aquella jornada electoral, ningún responsable ha rendido cuentas por la violencia contra los manifestantes y que la situación, lejos de mejorar, se ha deteriorado desde que comenzó la represión.
«Una táctica clásica de los regímenes autoritarios»
«Siguiendo una táctica clásica de los regímenes autoritarios, las autoridades utilizan cada vez más las leyes antiterroristas como arma para silenciar a las voces críticas e infundir miedo», afirmó en un comunicado el director regional de AI para África oriental y meridional, Tigere Chagutah.
Chagutah lamentó que «ni un solo funcionario» haya sido investigado, procesado o sancionado por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles tras la abrumadora victoria de la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, reelegida con el 97,66 % de los votos en unos comicios cuestionados por la oposición.
Amnistía pidió poner fin al uso «indebido» de las leyes antiterroristas en Tanzania y retirar «de manera inmediata e incondicional» todos los cargos de terrorismo contra las personas detenidas «injustamente». «La situación no ha hecho más que deteriorarse desde que comenzó la represión», subrayó el directivo regional.
El informe que sigue sin publicarse: 518 muertos según la comisión oficial
La organización también criticó que todavía no se haya hecho público el informe de la Comisión de Investigación creada por la propia presidenta Hassan para esclarecer las muertes relacionadas con las elecciones de 2025. El documento fue entregado a la mandataria el pasado abril y sigue sin ver la luz.
Aunque el informe no se ha publicado, la comisión reveló que estimó en 518 los muertos durante las protestas, una cifra muy por debajo de los al menos 700 que cifraron expertos de la ONU y de los hasta 1.000 fallecidos reportados por el principal partido de la oposición, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema).
La denuncia de Amnistía llega en un momento en el que varios gobiernos afrontan un escrutinio creciente por el endurecimiento de sus normas de orden público, un debate que también avanza en Europa, donde el Senado francés aprobó una ley más dura contra los saqueos y los disturbios. En el plano internacional, la tensión por los derechos y las verificaciones pendientes marca igualmente otros frentes, como el pulso entre Irán y Estados Unidos por la tregua y la diplomacia.
Por ahora, el Gobierno de Tanzania no ha respondido públicamente al comunicado de Amnistía Internacional, que insiste en que la impunidad de los hechos de 2025 alimenta nuevas detenciones bajo cargos de terrorismo contra opositores y voces críticas.
