La ley antimafias de Ecuador ya es una realidad legislativa: la Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre la norma que endurece la respuesta del Estado frente al crimen organizado y que permite acumular penas de cárcel de hasta 60 años para quienes integren, dirijan, financien o colaboren con las bandas criminales que azotan al país.
Ley antimafias de Ecuador: aprobada con 85 votos y con asesoría de Italia
El proyecto salió adelante con 85 votos de los asambleístas del oficialismo y sus aliados, sin el respaldo de la Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición, liderada por el expresidente Rafael Correa y actualmente suspendida. La iniciativa había sido presentada en junio pasado por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, quien aseguró que la aprobación marca «un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado» que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024, tras proclamar una «guerra» contra los grupos armados.
La construcción de la ley contó con el apoyo del Gobierno italiano, una de las referencias mundiales en legislación antimafia. Mancheno entregó reconocimientos a la delegación de ese país, integrada entre otros por Chiara Colosimo, diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia.
De 40 a 60 años: así cambia la acumulación de penas
El cambio más contundente está en la acumulación de penas. Hasta ahora, el máximo posible era de 40 años de cárcel; con la nueva norma, ese tope sube a 60 años cuando la acumulación corresponda a tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, y la suma de las penas individuales supere los cuarenta años. La ley reforma el código penal, la ley sobre drogas y el código de la Función Judicial, y redefine las responsabilidades penales de quienes integran, dirigen, financian o colaboran con organizaciones criminales.
La norma incorpora además delitos nuevos, relacionados con el reclutamiento de personas, el desplazamiento interno forzado y el confinamiento de comunidades mediante violencia o amenazas. También establece mecanismos para proteger la identidad de los jueces que conozcan causas de delincuencia organizada y la inhabilitación profesional de abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente estos delitos. El endurecimiento llega en un país que ya ha aplicado medidas excepcionales como el toque de queda en cinco provincias.
La oposición cuestiona el endurecimiento sin «justificación técnica»
Desde la oposición, la asambleísta Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana, sostuvo que el proyecto se concentra en endurecer penas «sin una justificación técnica» y recordó que desde 2018 se han realizado al menos siete reformas al código penal sin que eso haya reducido los delitos en el país, que en 2025 registró un récord de 9.284 asesinatos. La norma aún debe ser ratificada por el presidente Noboa antes de entrar en vigencia, un trámite que se da por descontado en el oficialismo.
La aprobación se produce, además, en plena tensión internacional por la seguridad ecuatoriana, con reclamos en Washington como el de los congresistas demócratas que pidieron suspender la ayuda militar a Ecuador. Con la sanción presidencial, la ley antimafias se convertirá en la herramienta penal más dura del país contra las mafias.
