La ayuda militar a Ecuador entró este lunes 9 de noviembre en el debate político de Washington.
La ayuda militar a Ecuador entró este lunes 9 de noviembre en el debate político de Washington: un grupo de 13 legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos solicitó formalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, cortar de manera inmediata toda la asistencia en seguridad y la cooperación militar al Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
La solicitud, formalizada en una carta pública, condiciona la reanudación de los fondos de defensa a la restauración plena del Estado de Derecho y de las garantías democráticas en el país sudamericano. Los acuerdos entre ambos países contemplan una estrecha colaboración militar, pero los firmantes advierten que esa cooperación no puede continuar sin condiciones mientras avanzan las denuncias contra el Gobierno de Quito.
La ayuda militar a Ecuador, bajo amenaza de bloqueo legislativo
La iniciativa parlamentaria contiene una advertencia directa a la administración estadounidense: si no hay un giro en la política exterior hacia Quito, el Congreso utilizará sus prerrogativas legislativas para bloquear la venta de armamento a Ecuador, prohibir el financiamiento de operaciones militares conjuntas e investigar la posible complicidad de fondos estadounidenses en violaciones de derechos humanos.
La exigencia está liderada por los representantes Jesús «Chuy» García, Jonathan Jackson y Greg Casar, y se sustenta en tres ejes de preocupación institucional y de derechos humanos que los legisladores detallan en la misiva dirigida a Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense y figura central de la política de Washington hacia América Latina.
Persecución política y riesgo de «régimen de partido único»
El primer eje es la persecución política. Los legisladores alertaron que la reciente detención de la excandidata presidencial Luisa González y las acciones judiciales contra otros dirigentes de Revolución Ciudadana y de agrupaciones opositoras representan una ofensiva alarmante. A su juicio, esas medidas forman parte de una estrategia del presidente Noboa para instaurar, de facto, un régimen de partido único y desmantelar a la oposición política ecuatoriana.
El segundo eje es el deterioro de la independencia judicial. La carta manifiesta una seria inquietud por el progresivo debilitamiento del Poder Judicial en Ecuador y denuncia presiones gubernamentales sobre los tribunales e interferencias en procesos de investigación criminal y constitucional, un señalamiento que eleva el conflicto del terreno policial al institucional.
Abusos denunciados durante los estados de excepción
El tercer eje apunta a los abusos sistemáticos durante los estados de excepción. El grupo parlamentario denunció la constante extensión de las facultades extraordinarias del Ejecutivo y la restricción prolongada de las libertades civiles en Ecuador.
En la carta se detallan graves denuncias de violaciones atribuibles a las fuerzas de seguridad, entre ellas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y agresiones en penitenciarías de mujeres. Con ese expediente, los 13 congresistas sostienen que mantener la ayuda militar a Ecuador sin condiciones haría a Estados Unidos partícipe de la crisis de derechos humanos que atribuyen al Gobierno de Noboa, y dejan en manos de Rubio la primera respuesta: suspender la cooperación o enfrentar el bloqueo legislativo que ya anunciaron.
Un reclamo que llega en plena ofensiva de seguridad de Noboa
El reclamo de los congresistas llega mientras el Gobierno de Noboa sostiene una ofensiva de seguridad basada en estados de excepción sucesivos. En la primera semana del toque de queda vigente en cinco provincias, las autoridades reportaron 2.292 capturados, una cifra que el Ejecutivo exhibe como resultado de su estrategia contra el crimen organizado y que los críticos citan como muestra del alcance de las facultades extraordinarias que hoy cuestiona la carta.
Ecuador se convirtió en los últimos años en un socio de seguridad prioritario para Washington en la región, con acuerdos de cooperación militar, entrenamiento e intercambio de inteligencia. Por eso la amenaza de los legisladores tiene peso propio: bloquear la venta de armamento y el financiamiento de operaciones conjuntas tocaría el núcleo de esa relación bilateral, y la investigación que anuncian sobre el uso de fondos estadounidenses pondría bajo escrutinio programas que hasta ahora avanzaban sin debate público en el Congreso.
La pelota queda ahora en dos canchas. Rubio deberá responder a la carta de los 13 congresistas y definir si la Casa Blanca mantiene intacta su apuesta por Noboa, mientras en Quito el Gobierno enfrenta además el frente judicial abierto por el caso de Luisa González, cuyo hábeas corpus fue negado este mismo lunes. Si el Departamento de Estado no mueve ficha, los firmantes ya anticiparon el siguiente paso: convertir la petición en bloqueo legislativo.
