La búsqueda de votantes no ciudadanos impulsada por el Gobierno de Donald Trump sufrió este miércoles un freno judicial de peso.
La búsqueda de votantes no ciudadanos impulsada por el Gobierno de Donald Trump sufrió este miércoles un freno judicial de peso. Una jueza federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detener varias de sus medidas de investigación sobre el terreno, al concluir que el operativo se apoya en datos defectuosos que incluyen a ciudadanos estadounidenses con pleno derecho al voto.
La decisión la firmó la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien escribió que es ampliamente sabido que los datos del DHS —que señalan a cientos de miles de posibles votantes ilegales— incluyen por error a ciudadanos estadounidenses, y que esas personas hoy temen aparecer en las listas de investigados. Para la comunidad latina y para los ciudadanos naturalizados, entre ellos miles de venezolanos que ya votan en Estados Unidos, el fallo supone un alivio directo a pocas semanas de las elecciones intermedias.
Qué ordena exactamente el fallo sobre los votantes no ciudadanos
La orden limita las medidas que el DHS adopta sobre el terreno para investigar el voto de personas no ciudadanas, como las entrevistas en persona a cargo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). A partir de su entrada en vigor, el departamento no podrá dar esos pasos cuando existan indicios de que la persona investigada podría ser ciudadana estadounidense.
El fallo abarca nueve estados: California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Nevada está en la lista, un dato de especial interés para la comunidad venezolana y latina de Las Vegas, una de las ciudades con mayor presencia de votantes naturalizados en el oeste del país.
La medida no entrará en vigor hasta el viernes por la tarde, un margen que le da tiempo al Gobierno de Trump para apelar. Una vez activa, permanecerá vigente hasta después de las elecciones intermedias de noviembre, el periodo más sensible del calendario electoral.
Datos defectuosos y temor entre los ciudadanos
«Lo que está en cuestión aquí es el uso de datos reconocidamente defectuosos e incompletos para crear una lista de personas a las que Investigaciones de Seguridad Nacional entrevistará en los meses previos a unas elecciones», escribió Martínez-Olguín en su orden. La jueza también sostuvo que «el interés público en unas elecciones seguras, libres de interferencia o intimidación, supera ampliamente el supuesto interés de los demandados en combatir el voto ilegal de personas que no son ciudadanas estadounidenses».
La demanda la presentaron grupos de defensa del derecho al voto y otras organizaciones, que argumentaron que las investigaciones sobre votantes no ciudadanos ya provocaron que ciudadanos estadounidenses teman votar en las intermedias ante la posibilidad de figurar en las amplias y defectuosas listas del departamento. «Esta orden constituye una protección importante: la política actual apunta a personas que se sabe que son ciudadanos naturalizados», declaró a CNN Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, la organización jurídica que representa a los grupos demandantes. «Esas operaciones están prohibidas», añadió.
Un nuevo revés judicial para la agenda electoral de Trump
El DHS ha sido una fuerza impulsora de los intentos del Gobierno por respaldar las afirmaciones del presidente Trump sobre un supuesto fraude electoral generalizado cometido por personas no ciudadanas, afirmaciones que no han sido probadas. El organismo intensificó sus investigaciones sobre el tema en los últimos meses, y el fallo de este miércoles, aunque de alcance limitado a nueve estados, representa un freno notable a ese enfoque. CNN solicitó comentarios al DHS y, al cierre de esta nota, el departamento no había respondido.
No es el primer tropiezo judicial reciente de la Casa Blanca: la semana pasada contamos cómo la Corte Suprema frenó a Trump en otro caso de alto perfil, y el ambiente electoral ya se calienta con iniciativas como los capellanes electorales que cuidarán los centros de votación el 3 de noviembre. Si el Gobierno apela en las próximas horas, la batalla por los votantes no ciudadanos seguirá en los tribunales, con millones de votantes naturalizados pendientes de su desenlace.
Para las organizaciones de votantes latinos, el fallo también marca un precedente de cara a noviembre: cualquier operativo federal sobre votantes no ciudadanos deberá apoyarse en datos verificados y no en listas masivas con errores. Los grupos demandantes adelantaron que vigilarán el cumplimiento de la orden en los nueve estados y que volverán a los tribunales si las entrevistas a posibles votantes no ciudadanos se reanudan sin garantías. El Gobierno de Trump, por su parte, tiene hasta el viernes por la tarde para decidir si apela la decisión.
