La Casa Blanca llevó este miércoles su pulso por el muro fronterizo hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Casa Blanca llevó este miércoles su pulso por el muro fronterizo hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump solicitó al máximo tribunal la reactivación inmediata de los trabajos de construcción del muro y de la infraestructura de seguridad en una zona remota de Texas que abarca el parque nacional Big Bend, uno de los espacios protegidos más emblemáticos de la frontera con México.
El recurso, presentado por el Departamento de Justicia, insta a los magistrados a suspender la medida cautelar dictada por un tribunal inferior de Texas que mantiene frenadas las obras. Para el Gobierno, esa restricción judicial se ha convertido en un «obstáculo» para sus competencias de seguridad nacional en la protección de cerca de 800 kilómetros de frontera sur frente al tráfico de drogas y la migración irregular.
Un proyecto de 1.700 millones de dólares para el muro fronterizo sobre un parque nacional
El proyecto del muro fronterizo en Big Bend está valorado en 1.700 millones de dólares y contempla la edificación de barreras físicas, carreteras de acceso y el despliegue de tecnología de vigilancia sobre más de 324.000 hectáreas protegidas, un territorio de elevado valor ecológico y arqueológico. Esa dimensión es, precisamente, el corazón de la disputa: las obras del muro fronterizo avanzan sobre un parque nacional, no sobre un tramo urbano de la frontera.
«La orden emitida por el tribunal inferior constituye un obstáculo para la obligación del gobierno de proteger la cuarta parte de la frontera sur ante incursiones de inmigrantes y del narcotráfico. Existe una necesidad aguda e inmediata de acelerar la infraestructura de seguridad», señalaron los fiscales del Departamento de Justicia en la moción elevada al Supremo.
El muro fronterizo y la batalla legal que comenzó en abril
La disputa legal se inició en abril, tras las demandas interpuestas por organizaciones ambientalistas y conservacionistas. Los demandantes denunciaron que el Gobierno recurrió a exenciones de normativas medioambientales impulsadas a principios de año por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para saltarse los estudios de impacto que normalmente exige la ley.
La iniciativa forma parte del plan de reforzamiento fronterizo reactivado por Trump tras su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, una de las promesas centrales de su campaña. El choque con los tribunales, sin embargo, ha sido constante: esta misma semana, una jueza federal frenó la búsqueda de votantes no ciudadanos impulsada por su Gobierno en nueve estados, y días atrás la propia Corte Suprema frenó otra medida de Trump sobre el tratamiento hormonal de reclusos transgénero en prisiones federales.
Lo que decidirá la Corte Suprema y por qué importa a la comunidad latina
La decisión de la Corte Suprema definirá mucho más que un tramo de valla en Texas: fijará el alcance de las facultades del Ejecutivo para eximir proyectos de infraestructura de seguridad de las leyes de protección ambiental. Si el tribunal da la razón a la Casa Blanca, el Gobierno podrá acelerar obras similares del muro fronterizo en otros tramos sensibles de la frontera; si la rechaza, el freno judicial se mantendrá mientras se resuelven las demandas de fondo.
Los colectivos demandantes advierten de daños irreversibles para las especies amenazadas y los yacimientos arqueológicos del parque nacional Big Bend, mientras la Casa Blanca defiende la prioridad del muro fronterizo y del cerco físico en la frontera con México. Para la comunidad latina en Estados Unidos —y para los venezolanos que viven en Texas o cruzan por sus rutas— el fallo también marcará el tono de la política migratoria en los próximos meses.
Por ahora no hay fecha para la decisión de los magistrados, que podrían pronunciarse de forma urgente dado el carácter de la solicitud. Las reseñas de El Nacional y de De Último Minuto coinciden en los datos centrales del recurso presentado este miércoles.
