La JEP imputa a Timochenko, a Pastor Alape y a otros nueve excomandantes de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La JEP imputa a Timochenko, a Pastor Alape y a otros nueve excomandantes de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en una de las decisiones más pesadas de la justicia transicional colombiana: la Sala de Reconocimiento de Verdad los declaró máximos responsables de hechos cometidos por los bloques Magdalena Medio y Caribe que, por su gravedad, no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
La imputación, adoptada en la noche de este martes dentro del Caso 10 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cobija a dos integrantes del antiguo secretariado de la guerrilla: Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, Pastor Alape. La investigación estuvo a cargo del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll y se apoyó en los relatos de 733 víctimas acreditadas, 72 informes de víctimas y organizaciones de derechos humanos y 1.859 denuncias de la Fiscalía.
La JEP imputa a Timochenko y a los mandos de dos bloques
Por el Bloque Magdalena Medio fueron imputados Erasmo Traslaviña Benavides, Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, Alberto Cancharina; y Jairo Reinaldo Cala Suárez, Jairo Quintero o Jairo Mechas. Por el Bloque Caribe, también llamado Martín Caballero, la decisión alcanza a Abelardo Caicedo Colorado, Solís Almeida; Osmany Landero Fajardo, Hernando González; Gilberto de Jesús Giraldo David, Aldemar Altamiranda; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, Leonardo Muñoz; Uriel Antonio Oviedo Aldana, Manuel Ortiz o Mañe; y Héctor Enrique Hernández López, Fabio Borges.
La Sala les atribuye crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, ataques dirigidos contra la población civil, ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario —hospitales, escuelas e iglesias—, tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual. También deberán responder por crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos.
El burro bomba de Chalán y la masacre de La Duquesa
Entre los hechos documentados figura la toma de Chalán, Sucre, en 1996, cuando el Frente 35 activó un burro bomba con 50 kilogramos de explosivos que mató a 11 policías y destruyó parte del casco urbano. También está la masacre de la finca La Duquesa, en Río Chiquito, zona rural de Tibú, Norte de Santander, donde en 2004 guerrilleros del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos adolescentes de 15 y 17 años.
La decisión incluye además el atentado con carro bomba contra Caracol Radio en Bogotá, el 12 de agosto de 2010, que dejó nueve personas heridas, y el ataque contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, en 2002, donde murieron cinco civiles. Según la JEP, las conductas respondieron a dos patrones: un régimen violento de control territorial sobre las comunidades y las acciones armadas indiscriminadas, con tomas guerrilleras, emboscadas y ataques con explosivos. En la justicia ordinaria, más del 95 % de los procesos por estos crímenes nunca llegaron a juicio.
Qué sigue: reconocer o ir a juicio
Los 11 excomandantes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o para rechazarlos. Si aceptan, tomarán el camino de las sanciones propias de la JEP, con contenido reparador y restaurador, sin cárcel. Si rechazan los cargos, sus casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación y podrán enfrentar un juicio con penas de hasta 20 años de prisión. La JEP también les ordenó aportar la información que tengan sobre 54 personas cuyo paradero aún se desconoce.
La imputación llega en un momento de definiciones para la justicia transicional en Colombia, el mismo país donde el Senado acaba de aprobar la Ley de Sometimiento para organizaciones armadas y donde la Fiscalía mantiene ofensivas como el golpe al Tren de Aragua con 391 capturados.
