La Ley de Sometimiento en Colombia dio este martes 3 de noviembre su paso más importante en el Congreso.
La Ley de Sometimiento en Colombia dio este martes 3 de noviembre su paso más importante en el Congreso: la plenaria del Senado la aprobó con 57 votos a favor y 24 en contra, en una jornada que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentaba como decisiva para su política de seguridad. La iniciativa crea la ruta jurídica para que integrantes de organizaciones armadas ilegales se sometan voluntariamente a la justicia a cambio de beneficios condicionados.
La votación del título y la pregunta final del proyecto cerró el trámite en el Senado, pero la iniciativa todavía no es ley: debe culminar su discusión y votación en la Cámara de Representantes, y el reloj corre en su contra, porque debe completar el trámite antes de este miércoles 4 de noviembre, cuando vence la vigencia de la Ley 418 de 1997, la norma de orden público que el proyecto busca modificar, adicionar y prorrogar.
Ley de Sometimiento en Colombia: qué aprobó el Senado con 57 votos
El proyecto, radicado como Proyecto de Ley 296 de 2026 en el Senado y 433 de 2026 en la Cámara y presentado por el Gobierno con mensaje de urgencia, establece que no bastará con manifestar la intención de acogerse al mecanismo. Quienes se sometan deberán dejar las armas, abandonar las actividades ilícitas, entregar información sobre las estructuras criminales y colaborar con las investigaciones judiciales.
El articulado también les exige contribuir a la liberación de personas secuestradas, entregar información sobre personas desaparecidas y facilitar la salida de niños, niñas y adolescentes reclutados por estas organizaciones. La reparación a las víctimas ocupa un lugar central: los sometidos deberán colaborar en la identificación y entrega de bienes que puedan destinarse a compensar los daños ocasionados por sus actividades criminales, en un país donde operaciones como el golpe al Tren de Aragua en Colombia, con 391 capturados, muestran el tamaño de las estructuras que el Gobierno busca desmontar.
Rebajas de hasta el 50 % y mínimo de 10 años para los cabecillas
El punto que más discusión generó es el de los beneficios penales. La ponencia aprobada contempla rebajas de pena de hasta el 50 % para los integrantes de estas organizaciones y de hasta el 30 % para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, con la condición de que estos últimos cumplan como mínimo diez años de prisión.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que también podrán valorarse aportes de información útil contra las economías ilegales, como rutas de narcotráfico, laboratorios de drogas, erradicación de cultivos ilícitos, corrupción pública o vínculos entre estructuras ilegales y actores políticos. Cancino aclaró, sin embargo, que no bastará con hacer una afirmación: la información tendrá que demostrarse dentro de un proceso y serán los jueces quienes determinen su valor. Quienes incumplan las condiciones podrán ser expulsados del mecanismo, advirtió.
El texto redujo además la vigencia planteada inicialmente, de diez a cuatro años, para hacerla coincidir con el periodo del actual Gobierno, e incorporó condiciones más restrictivas para los responsables de reclutamiento de menores, uno de los asuntos más sensibles del debate. La ley es la base jurídica de la estrategia de sometimiento criminal con la que el Ejecutivo busca marcar distancia frente a la política de Paz Total de la administración anterior, sin reconocer a estas organizaciones un estatus político, en la misma línea de mano dura con la que De la Espriella ordenó intensificar los bombardeos en Colombia.
La Cámara decide contrarreloj y con la oposición encima
En la Cámara de Representantes la ponencia positiva ya fue aprobada con 99 votos a favor y 39 en contra, pero todavía falta la discusión y votación del articulado. La jornada en el Senado estuvo marcada por los cuestionamientos de la oposición, que advirtió un posible vicio de procedimiento porque la ponencia se sometió inicialmente a votación sin que el ponente, Daniel Briceño, la sustentara y sin el debate correspondiente.
Ante los reclamos, la votación fue reabierta, Briceño hizo la sustentación y la ponencia volvió a aprobarse. El ministro Cancino sostuvo por su parte que el procedimiento no presenta vicios. Con el vencimiento de la Ley 418 encima, Senado y Cámara aceleraron en los últimos días la discusión de una propuesta que el Gobierno defiende como la herramienta central de su estrategia de seguridad.
Por ahora, la aprobación en el Senado es el avance más importante de la iniciativa, pero la última palabra la tendrá la Cámara de Representantes en las próximas horas: si el articulado no culmina su trámite antes del vencimiento de la Ley de Orden Público, el proyecto se quedará sin el marco legal que busca prorrogar.
