Los detenidos por el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez son dos: Manasés «N» y Alberto «N», alias «El Semáforo», identificados como presuntos responsables del homicidio del defensor de derechos humanos tzotzil, según informó este martes 3 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Ambos quedaron a disposición del órgano jurisdiccional, mientras la investigación sigue abierta para dar con más implicados.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que las capturas llegaron tras el análisis de las videograbaciones de la zona del ataque, un material que permitió identificar a los sospechosos y concluir que se trató de un crimen planeado. «Seguimos todavía recabando los datos de pruebas y demás diligencias de campo para dar con quienes más hayan participado en este lamentable hecho», dijo el fiscal en una transmisión en vivo, sin dar detalles de las líneas de investigación para no entorpecer el proceso.
Detenidos por el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez: así reconstruyó la Fiscalía el ataque en Chenalhó
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el 28 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, Pérez Pérez llegó en un Tsuru gris plata a un taller mecánico de la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, e ingresó al establecimiento. Poco después, un hombre pasó por el lugar en motocicleta, se retiró a un punto cercano y regresó minutos después con un segundo sujeto, que bajó del vehículo y disparó directamente contra el defensor, alrededor de las 15:20 horas. Los dos atacantes huyeron en la misma motocicleta.
La necropsia determinó que el activista recibió tres disparos y que la causa de su muerte fue una hemorragia cerebral secundaria a una herida por proyectil de arma de fuego. Para la Fiscalía, el homicidio fue planeado y ejecutado de manera premeditada, aunque todavía falta esclarecer quién lo ordenó y quiénes más participaron en la cadena del crimen.
Un defensor con protección federal y amenazas denunciadas desde 2022
Reynaldo Pérez Pérez, de 38 años, dedicó más de una década a acompañar a las familias desplazadas de Santa Martha, refugiadas en Polhó tras ser expulsadas por la violencia en 2022, y actuó como mediador en conflictos agrarios de Los Altos de Chiapas; desde 2024 también trabajaba con mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó. Contaba con protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde junio de 2023, y en febrero de 2025 cuatro relatores de la ONU alertaron al Gobierno de México sobre las amenazas de muerte, el intento de desaparición y los ataques armados que él y su compañero José Vásquez Gutiérrez denunciaban desde octubre de 2022.
Vásquez afirmó que continuará acompañando a las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado, la labor que realizaba junto a Reynaldo, pero denunció que también ha recibido amenazas: tiene dos denuncias pendientes, desde el año pasado solicitó medidas cautelares sin obtener respuesta y volvió a pedir protección tras el crimen. «Espero que esta vez escuche la Fiscalía. Es más importante trabajar por la paz, por la unidad y el respeto como seres humanos», expresó.
El asesinato de Pérez Pérez se suma a otros crímenes contra defensores indígenas en Chiapas ligados a la misma crisis: el del activista Simón Pedro Pérez López, en 2021, y el del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado en 2024 en San Cristóbal de Las Casas. La jornada de seguridad de este martes en México dejó también otro golpe anunciado por las autoridades federales, la captura de dos hombres con 133 kilos de metanfetamina en Sinaloa, mientras en Colombia la violencia marcó el día con la muerte de un hombre en un hotel de Medellín. En Chenalhó, la pregunta que sigue abierta es quién ordenó matar al defensor.
