El Ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que ha generado un intenso debate en el ámbito político del país. Este viernes, Bonilla anunció su compromiso con una investigación rápida y transparente, tras ser notificado sobre la apertura de un proceso en su contra por parte de la Fiscalía General.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro solicitó rendir declaración juramentada y afirmó: «Afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales».
Afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales.
Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones. pic.twitter.com/h8MeACk3FT
— Ricardo Bonilla (@ricardobonillag) July 17, 2024Acusaciones contra Bonilla, ministro de Hacienda
Las acusaciones contra Bonilla emergieron a raíz de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). López reveló que el ministro de Hacienda habría buscado favorecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante la entrega de contratos en regiones donde este grupo tiene influencia, como Saravena, en el departamento de Arauca.
Según López, los contratos estaban destinados a facilitar recursos a grupos al margen de la ley, en un contexto de negociaciones con el Gobierno.
El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, quien pertenece a un partido opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro, ha tomado la delantera en la denuncia. Villamizar anunció su intención de presentar una denuncia penal en Nueva York, argumentando que Bonilla habría patrocinado grupos narcoterroristas a cambio de apoyo legislativo.
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«Vamos a poner una denuncia penal, ante las Cortes de los Estados Unidos, por financiamiento de grupos narcoterroristas», declaró en una entrevista con la cadena Melodía.
Las acusaciones se centran en varios contratos que Bonilla habría gestionado, aunque no ejecutado, para los municipios de Carmen de Bolívar, Saravena y Cotorra, con montos que ascienden a más de 90.000 millones de pesos.
En sus declaraciones, López también mencionó que Bonilla había sostenido reuniones con él y mantenido conversaciones con Sneyder Pinilla, exsubdirector para el manejo de desastres, para acelerar la tramitación de estos contratos. Además, se alegó que Bonilla delegó a su asesora, María Alejandra Benavides, para que gestionara estos proyectos.
La situación se complica aún más con la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía General de la Nación, que no solo involucra a Bonilla, sino también a su asistente, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.
La noticia ha tenido un fuerte impacto en las redes sociales y ha generado un amplio debate público. Varios congresistas, incluidos Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Pablo Gallo, han sido mencionados como posibles beneficiarios de los contratos del ministerio de Hacienda en cuestión, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.
Ricardo Bonilla, por su parte, ha mantenido su postura de inocencia, asegurando que su equipo jurídico presentará pruebas y argumentos que respaldarán su defensa. «Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá», afirmó, mientras reafirmó su compromiso con sus responsabilidades ministeriales.
