Las fumigaciones aéreas en Colombia volvieron este jueves al centro de la disputa política entre Washington y Bogotá. Un grupo de representantes demócratas de la Cámara envió una carta formal al secretario de Estado, Marco Rubio, para pedirle que Estados Unidos no entregue ningún tipo de respaldo financiero, técnico o logístico a un eventual regreso de la aspersión aérea de cultivos de coca en territorio colombiano.
La comunicación, liderada por el representante Mark Pocan, advierte que retomar esa práctica sería ineficaz contra el narcotráfico y representaría un riesgo inaceptable para la salud de las comunidades y para el medio ambiente. Los firmantes le exigieron a Rubio una respuesta a más tardar el 13 de noviembre de 2026, con precisiones sobre la naturaleza del apoyo de la administración Trump a las fumigaciones y sobre cualquier presión del Departamento de Estado para que Colombia restablezca el programa.
Fumigaciones aéreas en Colombia: qué preguntan los congresistas
Además del rechazo frontal, la carta traslada preguntas concretas: si existen compromisos financieros o logísticos de Washington con el plan, cuál es la posición del Gobierno estadounidense frente al uso de glufosinato de amonio en la Amazonía colombiana y qué planes hay para reemplazar los programas que antes financiaba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Sobre el químico previsto para la nueva fase, los legisladores recordaron que la Organización Mundial de la Salud considera el glufosinato de amonio un pesticida de mayor peligrosidad que el glifosato, y que la Unión Europea prohibió su uso en 2018. «La administración Trump debería abstenerse de presionar al Gobierno colombiano para que insista en una estrategia antinarcóticos que ha fracasado», escribieron los congresistas, que cerraron la misiva con otra frase tajante: «Dos décadas de fumigación aérea destinadas a reducir los cultivos de coca no demostraron ser eficaces a largo plazo».
El plan piloto del Putumayo, suspendido por un tribunal
El pulso no nace de la nada. El Gobierno de Gustavo Petro definió un plan de aspersión como una fase experimental controlada, limitada y temporal, circunscrita a zonas delimitadas del departamento del Putumayo. Pero ese piloto ya chocó con la justicia colombiana: en septiembre, un tribunal administrativo de Mocoa ordenó suspenderlo temporalmente al concluir que no se habían cumplido las condiciones previas exigidas por la Corte Constitucional ni se había entregado información suficiente a las poblaciones afectadas.
Colombia suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato en 2015, tras años de controversia por sus efectos sanitarios, y desde entonces la erradicación se apoyó en la sustitución voluntaria y la erradicación manual. Los firmantes sostienen que la aspersión no logra una reducción sostenible de las hectáreas cultivadas: genera un ciclo de resiembra y empuja los cultivos hacia áreas de especial protección ambiental, mientras la exposición a los químicos provoca afecciones respiratorias y dermatológicas en comunidades campesinas e indígenas.
La salida que proponen: desarrollo rural en vez de aspersión
Frente al regreso de las avionetas, los representantes instan al Departamento de Estado a volcar la cooperación bilateral hacia soluciones estructurales: desarrollo rural integral, sustitución voluntaria de cultivos y fortalecimiento de las economías locales, con presencia estatal en las zonas más vulnerables. La carta deja ahora la pelota en el tejado de Rubio, que deberá responder antes del 13 de noviembre si Washington piensa poner dinero, equipos o presión diplomática detrás del regreso de una de las herramientas más polémicas de la guerra contra las drogas en Colombia. El debate se suma a otros frentes abiertos del país, como la militarización de Cúcuta ordenada esta semana y las decisiones de la JEP sobre los exjefes de las FARC.
