La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 29 de octubre.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 29 de octubre que su gobierno ya avanza en la valoración de los activos estatales Venezuela considerados no esenciales, con la instrucción de ofertarlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos propietarios. El anuncio, formulado en un mensaje dirigido a la nación desde el Palacio de Miraflores, marca el paso económico más ambicioso de su gestión: abrir la puerta a revertir, caso por caso, la amplia ola de nacionalizaciones aplicada durante los gobiernos de Hugo Chávez.
«He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que puedan ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Esto está avanzado», afirmó Rodríguez durante la alocución. La mandataria subrayó además que «la propiedad privada es un derecho protegido garantizado por nuestra Constitución», una frase con la que buscó ofrecer certeza jurídica a los empresarios e inversionistas a los que ahora se invita a participar en el proceso.
Activos estatales Venezuela: una comisión clasifica desde abril qué puede salir del Estado
El trabajo no parte de cero. Según explicó la propia presidenta encargada, en abril nombró una comisión encargada de clasificar los activos públicos, y esa instancia es la que ahora alimenta la valoración de los bienes que podrían cambiar de manos. El criterio declarado es quedarse con lo estratégico y esencial para el funcionamiento del país, y sacar a oferta todo lo demás: empresas, plantas e inmuebles que el Estado mantiene bajo su administración sin que sean indispensables para los servicios públicos.
El alcance potencial es enorme. Las nacionalizaciones de la era Chávez alcanzaron al sector petrolero, al eléctrico, a la banca, a las telecomunicaciones, al cemento, al acero y a decenas de plantas de alimentos, muchas de las cuales terminaron operando muy por debajo de su capacidad o directamente paralizadas. Ya hace cerca de cinco años, algunas plantas de alimentos en las regiones fueron entregadas a privados bajo figuras de alianzas estratégicas; lo anunciado este jueves generaliza ese criterio y lo convierte en una política formal de valoración y oferta.
Por ahora, el gobierno no ha publicado la lista de activos incluidos ni un cronograma de ofertas o restituciones. Tampoco precisó qué ocurrirá con los antiguos propietarios que reclamen bienes expropiados sin compensación plena: la restitución quedó planteada como una de las dos vías posibles, junto a la venta al sector privado, pero su mecanismo legal y sus plazos siguen sin detallarse.
Petróleo y minería: 44 acuerdos en negociación y 61 ya firmados
El anuncio sobre los activos llegó acompañado de un balance energético. Rodríguez informó que están en negociación 44 acuerdos en el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se suman a los 61 convenios petroleros que, según el Ejecutivo, ya han sido firmados. También aseguró que avanzan negociaciones importantes en minería, con énfasis en oro, aluminio y hierro, tres de los recursos con los que el gobierno busca atraer inversión extranjera en el corto plazo.
La combinación de mensajes tiene un destinatario claro: el capital privado, nacional y extranjero. La oferta de activos, las garantías sobre la propiedad privada y la apertura petrolera y minera componen un mismo paquete de señales con el que Miraflores intenta convencer a los inversionistas de que el país entró en una fase distinta de su política económica, en abierta ruptura con dos décadas de estatizaciones.
Un mensaje con más anuncios: salarios, elecciones y detenciones
La alocución de este jueves no se limitó a la economía. En el mismo mensaje, Rodríguez planteó elecciones organizadas por una autoridad electoral renovada y anunció aumentos trimestrales del ingreso de los trabajadores durante 2027, que no podrán ser inferiores al crecimiento económico del trimestre precedente. También instruyó que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo en casos de flagrante delito, y defendió la protesta pacífica como un derecho constitucional.
En materia económica, todas las miradas quedan ahora puestas en la comisión clasificadora: su inventario será, en la práctica, el mapa de lo que el Estado venezolano está dispuesto a soltar. Cuando esa lista se conozca, empresarios, antiguos propietarios y trabajadores de las empresas involucradas sabrán por fin si el anuncio de este jueves se traduce en una transformación real de la estructura productiva del país o queda, como tantos planes anteriores, en una declaración de intenciones.
