Cinco personas fueron arrestadas la mañana de este miércoles en el condado de Miami-Dade por su presunta participación en una red.
Cinco personas fueron arrestadas la mañana de este miércoles en el condado de Miami-Dade por su presunta participación en una red que ayudaba a aspirantes a obtener licencias de seguros en Florida sin responder ellos mismos los exámenes oficiales, según consta en los informes de arresto del caso. Dos mujeres más vinculadas con la operación permanecen prófugas.
Los arrestos se ejecutaron alrededor de las 6:00 a. m. como resultado de una investigación de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida (DFS, por sus siglas en inglés), la agencia estatal encargada de supervisar las licencias del sector asegurador. Los detenidos estaban vinculados con una oficina situada en el 8300 NW 53 St., en Doral, muy cerca de la alcaldía de esa ciudad.
Así operaba el presunto esquema con las licencias de seguros en Florida
De acuerdo con los investigadores, el mecanismo era tan simple como calculado. El aspirante a agente se sentaba frente a la cámara durante el examen virtual, tal como exigen los protocolos de supervisión en línea, mientras otra persona, fuera del campo de visión de la cámara, controlaba la computadora y seleccionaba las respuestas correctas por él.
La operación, que según los informes funcionó entre 2022 y 2024, no se limitaba al día de la prueba: los cursos y evaluaciones previos a la licencia también eran completados por terceros a cambio de dinero, y los participantes recibían los certificados necesarios para continuar el trámite como si hubieran cumplido cada paso por su cuenta.
Para reconstruir la red, los agentes recopilaron más de 1.000 mensajes de WhatsApp, registros de transferencias de dinero por Zelle y el testimonio de un testigo colaborador que describió por dentro el funcionamiento del presunto esquema.
Los cinco arrestados y el papel que atribuyen a cada uno
Los detenidos fueron identificados como Alejandro Mollinedo, de 36 años; Angel Contreras, de 44; Adriana Gil, de 44; Yohana Fernandez, de 28; e Iyad Lamaa Mezher, de 41 años.
Según los informes de arresto, Mollinedo era el encargado de completar los cursos y evaluaciones previos a la licencia en nombre de los aspirantes y de proporcionar los certificados. Su cuñado, Angel Contreras, coordinaba los cobros: recibía por Zelle una tarifa estándar de 30 dólares por cada solicitante y luego entregaba el dinero a Mollinedo.
Adriana Gil y Yohana Fernandez, por su parte, coordinaban los exámenes, compartían credenciales de acceso y reclutaban nuevos candidatos; los investigadores documentaron más de un millar de mensajes de WhatsApp vinculados con la actividad de Gil. Iyad Lamaa Mezher presuntamente refería aspirantes a la red, ayudaba en la coordinación de las pruebas y realizó dos transferencias de dinero que suman 400 dólares.
Otras dos sospechosas, Lenys Gil y Katherinne Zerpa, figuraban como prófugas al momento de los arrestos. Los registros judiciales indican que Contreras enfrenta seis cargos; Lamaa, Fernandez y Gil, cinco cada uno; y Mollinedo, cuatro. Contreras y Fernandez quedaron además con retenciones migratorias solicitadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Cargos por crimen organizado y conspiración
Los acusados enfrentan cargos que incluyen presunta actividad de crimen organizado, esquema de fraude organizado, conspiración, uso ilegal de dispositivos de comunicación y ejercicio de actividades como agentes de seguros sin licencia, aunque las imputaciones varían según cada detenido.
Los casos quedaron en manos de la jueza de circuito de Miami-Dade Cristina Miranda. Como en todo proceso penal, los cinco detenidos se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario en un tribunal, y las acusaciones deberán resolverse en las audiencias correspondientes.
Un patrón que se repite en el sur de Florida
El caso de Doral no es un hecho aislado. En los últimos años, las autoridades de Florida han desmantelado operaciones similares, entre ellas la de una academia de Virginia Gardens acusada de subvertir al menos 820 exámenes entre 2021 y 2024, cobrando entre 400 y 2.000 dólares por garantizar la aprobación, un caso que sumó nuevas detenciones en marzo de este año.
El DFS puede revocar, suspender o negar la renovación de las licencias obtenidas de forma fraudulenta, y presentar una solicitud falsa ante el estado puede pasar de una falta menor a un delito grave cuando forma parte de un fraude organizado. La investigación del caso de Doral, advierten las autoridades, sigue abierta.
