La crisis interna en Acción Democrática (AD) se ha intensificado con la expulsión de los diputados Carmen Alicia Calderón y Ezequiel Pérez, quienes fueron electos para la Asamblea Nacional (AN) en 2020. La decisión, tomada por Bernabé Gutiérrez, presidente ad hoc del partido, se basa en el argumento de que ambos legisladores respaldaron al presidente electo Edmundo González Urrutia.
Desde julio de 2024, otros diputados han recibido amenazas sobre la posible anulación de su inmunidad parlamentaria y su desproclamación. Además, se les ha suspendido el beneficio de alimentación y los salarios que les corresponden como parlamentarios. La secretaria de la AN, María Alejandra Hernández, ha advertido a varios legisladores que no se presenten a las sesiones debido a su apoyo a González Urrutia y a María Corina Machado, lo que indica un clima de represión política dentro del parlamento.
La estrecha relación de Gutiérrez con el chavismo ha sido fundamental para su ascenso al liderazgo de AD. Nombrado presidente del partido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en junio de 2020, Gutiérrez ha utilizado su posición para deslegitimar a aquellos que se oponen al régimen. Su decisión de expulsar a Pérez y Calderón no solo es un acto arbitrario, sino que también implica un cambio en la representación política, ya que ha colocado como sustituto del diputado Pérez a Carlos Granadillo, quien no representa al estado Táchira.
Ezequiel Pérez Roa es un ingeniero agrónomo con una trayectoria política significativa; fue alcalde del municipio Libertador en Táchira y secretario agrario del partido. Su elección como diputado principal refleja el apoyo popular que recibió en 2020. Sin embargo, Gutiérrez ha argumentado que Pérez y Calderón «se salieron de la línea del partido» al apoyar a un candidato diferente al designado por AD. Este tipo de maniobras políticas no solo socavan la democracia interna del partido, sino que también despojan a los ciudadanos de su derecho a ser representados por quienes eligieron.
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Por su parte, Carmen Alicia Calderón ha tenido una carrera destacada dentro de la política venezolana. Militante histórica de Copei, fue presidenta del partido en Amazonas antes de ser electa como diputada principal tras el fallecimiento de Nixon Maniglia. Sin embargo, sus intentos por asumir su curul han sido bloqueados sistemáticamente por Gutiérrez y otros líderes que han impuesto una junta ad hoc. La situación es aún más crítica considerando que Calderón ha enfrentado restricciones para acceder al Palacio Federal, lo que representa una violación directa a sus derechos como diputada y a la soberanía del estado indígena de Amazonas.
