El Congreso salvadoreño aprobó recientemente una ley anticorrupción y reformó el Código Penal para endurecer las penas por delitos como homicidios y robos. Esta decisión, respaldada por la mayoría oficialista del presidente Nayib Bukele, busca combatir la corrupción y otros crímenes en El Salvador. La nueva normativa incluye medidas como la obligación de presentar declaraciones patrimoniales públicas para funcionarios públicos y sus familiares.
Aprobación de la Ley Anticorrupción en El Salvador
La ley fue aprobada con 59 votos favorables en el Congreso unicameral dominado por Bukele. Solo una diputada se abstuvo, mientras que los dos representantes de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) apoyaron la iniciativa. Esta legislación forma parte del compromiso del gobierno para erradicar un problema considerado endémico en todos los niveles estatales.
Entre las disposiciones más destacadas se encuentran:
- Declaraciones Patrimoniales Públicas: Los funcionarios públicos deberán presentar anualmente informes sobre sus activos y pasivos patrimoniales junto con su declaración jurada de renta. Estos documentos serán publicados después de 15 días.
- Endurecimiento Penas: Se han incrementado las penas para varios delitos; por ejemplo, el peculado ahora puede recibir sentencias hasta de 12 años.
- Delito Testaferrato: Se ha creado un nuevo delito penalizando el uso de prestanombres o testaferros con penas entre 3 a 6 años.
Además, se ha reformado el Código Procesal Penal para evitar que los casos prescriban e investigar actos cometidos hasta hace treinta años atrás.
El fiscal general Rodolfo Delgado destacó que estas medidas priorizan transparencia y probidad entre funcionarios. Sin embargo, críticos argumentan que esta política podría extenderse más allá del combate contra la corrupción hacia otras áreas sociales.
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Bukele ha sido reconocido internacionalmente por reducir significativamente los homicidios mediante políticas antipandillas basadas en regímenes excepcionales desde marzo 2022. No obstante, organizaciones defensoras derechos humanos critican estos métodos debido al riesgo potencial violaciones derechos humanos durante detenciones sin orden judicial.
La Asamblea Legislativa considera esta ley como un modelo regional contra la corrupción. Christian Guevara afirmó que será ejemplo a seguir debido a su efectividad potencial en perseguir casos sin prescripción legal. Sin embargo, algunos analistas temen cómo afectará esto al equilibrio político interno dado su impacto sobre ciertos sectores sociales.
