El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó este domingo la llegada de 238 presuntos integrantes de la banda venezolana Tren de Aragua, deportados por Estados Unidos y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La operación, coordinada con la administración de Donald Trump, incluye un acuerdo financiero: 6 millones de dólares anuales para custodiar a los reclusos en la megaprisión de máxima seguridad.
La medida se enmarca en la orden ejecutiva de Trump del 3 de febrero, que declaró al Tren de Aragua como organización terrorista global. El mandatario estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las expulsiones, pese a un bloqueo judicial temporal de 14 días ordenado por un juez federal en Washington DC.
El Cecot, construido en 2023 durante la campaña antipandillas de Bukele, alberga a los detenidos en condiciones extremas: celdas superpobladas (65-70 reclusos por unidad), sin visitas, programas educativos ni acceso al exterior. Los presos permanecerán allí por un año, renovable, según el gobierno salvadoreño.
La organización, surgida en 2014 en la cárcel de Tocorón (Venezuela), se expandió a Colombia, Chile, Perú y EE.UU., según informes de inteligencia. Sus actividades incluyen tráfico de drogas, extorsión, secuestros y trata de personas, consolidándose como la megabanda más poderosa de Venezuela.
En enero, Trump la clasificó como amenaza a la seguridad nacional estadounidense, justificando la deportación masiva. Sin embargo, críticos señalan que la Ley de Enemigos Extranjeros —creada para contextos bélicos— se aplica ahora contra migrantes sin procesos penales.
El secretario de Estado Marco Rubio elogió a Bukele como «líder de seguridad más fuerte de la región», mientras el mandatario salvadoreño burló en redes sociales el bloqueo judicial: «Ups… demasiado tarde».
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El gobierno venezolano, que no fue consultado en el proceso, podría rechazar la medida. En enero, Caracas denunció que las deportaciones de migrantes venezolanos en EE.UU. eran parte de una «criminalización infame» vinculada a sanciones económicas.
