Las delegaciones del Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), una de las disidencias de las FARC, acordaron reanudar los diálogos de paz entre el 7 y 10 de abril en La Hormiga, Putumayo, tras un mes de suspensión por la captura de Geovany Andrés Rojas, alias Araña. El compromiso se formalizó en un acta firmada el 15 de marzo en Tumaco (Nariño), con la participación de garantes internacionales como la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal.
La detención de Araña, máximo comandante de los Comandos de Frontera, ocurrió el 12 de febrero en un hotel de Bogotá, justo al finalizar el tercer ciclo de negociaciones. La Fiscalía ejecutó una circular roja de Interpol por presuntos cargos de narcotráfico en EE.UU., lo que generó tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial.
El comisionado de Paz, Otty Patiño, calificó la captura como un «elemento de trampa» contra el proceso, mientras la Fiscalía argumentó que las órdenes de suspensión de captura —vigentes desde abril de 2024— no aplicaban a solicitudes internacionales. La suspensión de los diálogos reflejó vacíos legales en la Ley 2272 de 2022 (Paz Total), que no especifica cómo resolver conflictos entre acuerdos de paz y pedidos de extradición.
Las partes reafirmaron su compromiso con la reconciliación y establecieron tres subcomisiones técnicas:
- Transformaciones territoriales: Identificarán zonas piloto en Putumayo y Nariño para transitar hacia economías legales, priorizando proyectos de sustitución de cultivos18.
- Garantías de seguridad: Trabajarán en un cese al fuego bilateral que permita la desmovilización definitiva de la Cneb.
- Marco judicial: Discutirán la situación legal de los combatientes, alineando la legislación colombiana con instrumentos internacionales como el Acuerdo de La Habana.
Estas subcomisiones operarán en las semanas previas a la reanudación de la mesa principal, con el objetivo de restablecer confianza tras el incidente de Araña.
La captura de Araña —quien lideraba negociaciones desde abril de 2024— generó incertidumbre en otros grupos armados. La Coordinadora Guerrillera del Pacífico suspendió temporalmente sus diálogos, aunque luego retomó las conversaciones. Expertos como Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, advirtieron que Colombia debe honrar compromisos internacionales, pero sin sacrificar procesos de paz.
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El caso también reavivó debates sobre experiencias históricas, como la detención de Jesús Santrich en 2019, que derivó en la reactivación de la Segunda Marquetalia. Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro insiste en que la Paz Total requiere flexibilidad jurídica para evitar retrocesos.
