El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este domingo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de Estados Unidos, que permitió la deportación de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador. En un comunicado oficial, el régimen venezolano calificó la medida como un acto que «evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad», desde la esclavitud hasta los campos de concentración nazis.
La normativa, promulgada durante la presidencia de John Adams, otorga al presidente estadounidense poderes extraordinarios para expulsar a extranjeros sin audiencias judiciales. Su última aplicación ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para internar a ciudadanos de origen japonés. En este caso, Donald Trump la invocó para acelerar deportaciones de integrantes de la banda venezolana Tren de Aragua, acusada de operar con el Cártel de los Soles —vinculado al gobierno chavista— y de amenazar con «invasión depredadora» a EE.UU.
El canciller venezolano, Yván Gil, señaló que los migrantes son «víctimas del bloqueo criminal» impuesto por Occidente, no «terroristas ni enemigos extranjeros». Acusó a figuras de la oposición venezolana como María Corina Machado y Leopoldo López de promover medidas coercitivas contra connacionales.
Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el envío de 250 personas a El Salvador —donde serán encarceladas en centros de máxima seguridad—, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de la ley durante 14 días. La orden ejecutiva de Trump afecta a venezolanos mayores de 14 años no naturalizados o residentes permanentes legales.
La medida coincide con el aumento de tensiones diplomáticas tras la autoproclamación de Maduro como presidente en enero de 2025, rechazada por EE.UU. y la comunidad internacional. Durante su toma de posesión, Caracas cerró fronteras con Colombia y acusó a opositores de intentar un «golpe de Estado».
Lea también: Campo de exterminio en Jalisco desata indignación en todo México
El gobierno venezolano advirtió que recurrirá a organismos internacionales para defender a sus migrantes, mientras organizaciones humanitarias alertan sobre el riesgo de aplicar una ley «anacrónica» contra personas sin procesos penales.
