El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles 12 de febrero de 2025 una controvertida reforma que permite el alojamiento de menores condenados por delitos relacionados con el crimen organizado en cárceles de adultos, aunque en áreas separadas. Esta medida se aplicará a menores de 18 años que pertenezcan a pandillas y hayan sido procesados por delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico de armas. La decisión forma parte de la agresiva estrategia del presidente Nayib Bukele en su lucha contra el crimen organizado, que ha incluido un estado de emergencia prolongado y la construcción de una «megaprisión».
Megacárceles en El Salvador
La reforma fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, con 57 votos a favor de un total de 60. Según los legisladores, la medida busca evitar que los menores que cometen delitos graves reciban el mismo tratamiento penal que aquellos involucrados en delitos menores o aislados. «Esto evitará que reciban el mismo tratamiento penal que aquellos que han cometido delitos menos graves o delitos aislados u ocasionales», señaló el comunicado oficial del Congreso.
Desde 2022, Bukele ha mantenido un estado de emergencia que suspende ciertos derechos constitucionales, ha implementado juicios masivos y ha llevado a cabo una ofensiva contra las pandillas, lo que ha resultado en la detención de más de 84.000 personas. La construcción de la «megaprisión» es un componente clave de esta estrategia, diseñada para albergar a los delincuentes más peligrosos del país.
Sin embargo, esta nueva ley ha suscitado preocupaciones significativas entre grupos de derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado condiciones inhumanas en las cárceles salvadoreñas, donde se afirma que los presos, incluidos los niños, han sido sometidos a tortura. A pesar de estas acusaciones, el gobierno ha negado categóricamente la existencia de tortura en sus instalaciones penitenciarias.
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Además, la falta de información transparente sobre el número exacto de menores encarcelados es alarmante. En febrero del año pasado, el gobierno informó que 1.065 niños habían sido condenados durante el estado de excepción. Sin embargo, según Human Rights Watch, más de 3.300 menores fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, lo cual contrasta drásticamente con una media anual de 805 niños recluidos en centros de detención entre 2018 y 2021.
En un desarrollo relacionado, Estados Unidos está considerando la posibilidad de alojar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos en prisiones salvadoreñas. Esta propuesta ha generado un debate adicional sobre las condiciones carcelarias en El Salvador y la eficacia del sistema penal del país.
