Un grupo de ambientalistas salvadoreños ha denunciado este sábado (15.02.2025) lo que consideran una «persecución» y «hostigamiento» por parte del gobierno de Nayib Bukele, tras la reciente reactivación de la minería metálica en el país. Los ecologistas, agrupados en el movimiento Voces del Futuro, responsabilizan al mandatario de cualquier agresión que puedan sufrir quienes se oponen a esta actividad, acusando al gobierno de orquestar campañas de desprestigio y criminalización en su contra.
Ambientalistas acusan a Bukele de persecución por minería
Durante una conferencia de prensa, Samuel Núñez, representante de Voces del Futuro, expresó su preocupación por la creciente represión hacia quienes defienden el medio ambiente y se oponen a la minería metálica, impulsada por el presidente Bukele. «Desde este día responsabilizamos directamente al gobierno por cualquier atentado que pueda ocurrir en nuestra contra», afirmó Núñez, subrayando el clima de temor que se ha instaurado entre los opositores a la minería.
Las Voces del Futuro advirtieron que responsabilizan al gobierno salvadoreño si el hostigamiento que promueven llega a atentados contra la vida de las personas defensoras del medioambiente #NoALaMineriaSiALaVida pic.twitter.com/DurzN2ade3
— Kolectivo San Jacinto (@elkolectivosj) February 16, 2025La controversia se intensificó a finales del año pasado, cuando el Congreso salvadoreño, controlado por el partido de Bukele, aprobó una ley que permite la reactivación de la minería metálica, prohibida desde 2017. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas, quienes temen que la explotación minera contamine el río Lempa, fuente vital de agua para el 70% de los habitantes de San Salvador y sus alrededores.
El presidente Bukele ha defendido su política minera argumentando que un estudio no revelado indica que existen yacimientos de oro en El Salvador valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes al 380% del PIB del país. Sin embargo, los ecologistas han cuestionado la veracidad de estos datos y han solicitado transparencia en las investigaciones y estudios presentados por el gobierno.
La situación ha llevado a la Iglesia católica a entrar en la contienda, lanzando a principios de febrero una campaña para recolectar un millón de firmas en rechazo a la minería. Esta iniciativa busca expresar el descontento social y presionar al gobierno para que reconsidere su postura sobre la reactivación de esta industria.
«Reiteramos firmemente nuestro rechazo a la minería metálica en El Salvador ya que es una actividad que representa una amenaza directa para nuestros ecosistemas y la vida», enfatizó Núñez, quien instó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante las acciones del gobierno y a defender sus derechos.
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El contexto político en El Salvador es complejo, ya que Bukele goza de una alta popularidad debido a su «guerra» contra las pandillas, implementada bajo un régimen de excepción que ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos. La combinación de un gobierno fuerte y una oposición ambientalista cada vez más vulnerable plantea un escenario preocupante para quienes defienden el medio ambiente en el país.
La denuncia de los ambientalistas salvadoreños pone de relieve las tensiones entre el desarrollo económico impulsado por el gobierno y la protección del medio ambiente. A medida que la controversia sobre la minería metálica se intensifica, las voces que claman por un futuro sostenible y libre de contaminación se enfrentan a un adversario poderoso. La responsabilidad del gobierno ante cualquier agresión hacia los opositores a la minería será un tema central en los próximos meses, mientras El Salvador navega por un camino incierto entre el progreso económico y la protección de sus recursos naturales.
