La Dgcim vivienda coronel: familiares del coronel retirado Ulises Hernández Rojas, uno de los ocho señalados en el caso Azul Celeste.
La Dgcim vivienda coronel: familiares del coronel retirado Ulises Hernández Rojas, uno de los ocho señalados en el caso Azul Celeste, denunciaron que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) pretenden apropiarse de su apartamento en Caracas, tras la incautación de sus bienes luego de su detención en enero. La denuncia la hizo a TalCual su hermana, Alida Hernández Rojas.
Según el relato, una comisión de la Dgcim se acercó el jueves 15 de octubre a Residencias Plaza Jardín, cerca del Colegio de Ingenieros, en Plaza Venezuela, para una supuesta «inspección» del apartamento. Un día después, los funcionarios volvieron al inmueble acompañados de una mujer y notificaron que este sábado llevarían a un técnico de aires acondicionados para hacer una limpieza de los equipos de la vivienda.
Dgcim vivienda coronel: «esa iba a ser su nueva vivienda»
«Un vecino escuchó cuando dos funcionarios le dijeron a la mujer que si le gustaba, esa iba a ser su nueva vivienda. Dijeron que lo iban a ocupar la semana que viene», comentó la hermana del militar retirado. Para la familia, la secuencia —inspección, visita con una posible ocupante y anuncio de trabajos en el apartamento— apunta a una ocupación de hecho del inmueble, sin que exista autorización judicial alguna.
Alida Hernández Rojas aseguró que en el expediente no existe ninguna orden ni constancia sobre la incautación de bienes contra el coronel ni contra sus familiares, pero que la realidad es otra: «Al mes de que se lo llevaron le incautaron todos sus bienes. Nos hicieron firmar una orden de incautación que no aparece en el expediente. En la cadena de custodia tampoco aparece», detalló. Además del apartamento de Plaza Venezuela, donde vivía con su hermano, le fue incautado otro apartamento y un vehículo. «No hay ninguna orden de un juez, no hay ninguna orden de Fiscalía. Estos funcionarios quieren hacer lo mismo que sucedió con el señor José Breijo», afirmó.
Detenido en enero y 15 días en desaparición forzada
Hernández Rojas fue detenido el 24 de enero de este año en el estacionamiento de su propio edificio por tres civiles armados, en una detención que quedó registrada en video. Cinco horas después, los funcionarios volvieron al apartamento y se llevaron su camioneta. «Supuestamente eran de la Dgcim, pero no tenían ningún tipo de identificación u orden de captura. Se lo llevaron a golpes, arrastrado, se lo llevaron a la fuerza», relató su hermana.
El coronel estuvo 15 días en desaparición forzada. En ese tiempo, según ha contado a sus familiares, permaneció recluido en la sede de la Dgcim en Boleíta hasta que lo trasladaron al Internado Judicial El Rodeo I. «Supimos que estaba allá porque información de otras personas que habían estado con él en Boleíta y habían salido de allí. Él ni siquiera sabía por qué estaba detenido allí; todavía no sabe por qué lo acusan en esa causa, porque no conoce a ninguno de los funcionarios que están acusados», señaló Hernández.
Fue presentado ante tribunales el 9 de febrero, pero en el acta asentada en el expediente se hizo constar que la audiencia se realizó el 26 de enero, «para decir que fue legal», según la familia. Casos judiciales como este se cruzan con un sistema de justicia en plena reestructuración, el mismo que esta semana vio cómo el TSJ eliminó la competencia nacional de los tribunales de terrorismo y cómo otro tribunal terminó rechazando las pruebas contra un acusado cuya familia probó su inocencia.
La audiencia preliminar, diferida más de 19 veces
La audiencia preliminar del caso Azul Celeste fue fijada para marzo, pero ha sido diferida en más de 19 oportunidades. Recién el jueves 15 de octubre se logró juramentar a los defensores privados y revisar el expediente, del que la familia afirma que «no tiene absolutamente nada para poder detener a esas personas». Los ocho acusados —señalados de entregar información a Estados Unidos que habría derivado en la captura de Nicolás Maduro— ya estaban conectados de forma telemática con el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo, cuando este recibió una llamada del Tribunal Supremo de Justicia que le informaba de que su jurisdicción había sido eliminada. La audiencia se suspendió y ahora toca esperar una nueva distribución del expediente.
La persecución, según la denuncia, también alcanzó a la propia Alida Hernández: tras la detención de su hermano la sacaron del apartamento, quedó en la calle y tuvo que salir del país porque los funcionarios amenazaron a su hermano con hacerle daño. «Le dijeron que me iban a meter presa, que me iban a violar, que me iban a matar. Un montón de psicoterror, y por eso tuve que irme», contó.
La denuncia sobre la Dgcim vivienda coronel se suma así a la lista de irregularidades que los familiares de los detenidos por el caso Azul Celeste vienen documentando desde enero, en un momento en el que también se debate en la Asamblea Nacional la reforma de la Ley contra el Odio. Por ahora, la familia espera lo anunciado para esta misma semana: la llegada del técnico este sábado y la posible ocupación del apartamento de Plaza Venezuela, un inmueble que, según el expediente que ellos mismos revisaron, nadie ha ordenado incautar. (Con información de TalCual)
