En la mañana de este 31 de julio, el alcalde del municipio Lagunillas, José Mosquera, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), según informaron fuentes cercanas al caso. Hasta el momento, se desconocen las causas oficiales de su detención.
DGCIM detiene al alcalde de Lagunillas
En horas de la madrugada, una intervención de la DGCIM y el SEBIN a la Policía Municipal de Lagunillas encendió las alarmas. Aparentemente, habrían retenido al director de la Policía Municipal, Comisario Jefe Rigmar Borjas, aunque se desconoce su situación actual.
#31JUL ZULIA Extraoficial: Detienen al alcalde de Lagunillas pic.twitter.com/kxqOFmJKXS
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En la mañana, el alcalde José Mosquera se presentó ante los organismos de inteligencia tras ser citado. Después de una conversación, se supo que Mosquera fue llevado a interrogatorio por la DGCIM. Hasta el momento, no hay una posición oficial sobre las causas de la citación.Algunos especulan que todo habría sido por la publicación de una información en X, la cual fue desmentida por el propio alcalde. Se estima que Mosquera fue trasladado a Maracaibo, pero se desconoce el sitio específico donde estaría compareciendo en el interrogatorio.
#VenezuelaCobra | El régimen arrestó a José "Cheo" Mosquera, alcalde del municipio Lagunillas, del estado Zulia.
Según lo trascendido por medios zulianos, también habrían sido detenidos el director de Polilagunillas, Rigmar Borjas, Ronald Pérez, escolta del alcalde, y Pedro… pic.twitter.com/dcDC0pl8ik
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De manera extraoficial, se menciona que otros alcaldes de la región también habrían sido citados por los organismos de inteligencia del estado.Cabe destacar que en horas de la noche, el gobierno nacional hizo pública una serie de medidas, entre ellas, la denominada «Comisión Especial para el Proceso de Defensa de la Opinión Pública en Medios y Redes Sociales».
¿En qué consiste la Comisión Especial?
En un Consejo de Estado y de Defensa celebrado este martes en el Palacio de Miraflores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de una Comisión Especial en Defensa de la Opinión Pública Venezolana, la cual estará coordinada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.
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Durante su intervención, Maduro afirmó que debe defenderse la opinión pública de lo que calificó como «ataques, veneno, odio y violencia» que proliferan en los medios y plataformas digitales. «He designado a Jorge Rodríguez como experto comunicacional para que, con otros versados del país y la Asamblea Nacional, asuma todo el proceso de defensa de la opinión pública venezolana», expresó el mandatario.
El presidente también anunció que el Parlamento Nacional está trabajando en la elaboración de la Ley Orgánica para los Delitos de Odio en Redes Sociales, subrayando que estas son «tareas de primer nivel, estratégicas, pero urgentes». La creación de esta ley se enmarca dentro de un esfuerzo para aumentar la censura y la represión de los ciudadanos que difunden información sobre el estado actual del país.
Otras Comisiones y Medidas Anunciadas
La Comisión Especial en Defensa de la Opinión Pública es una de seis comisiones establecidas por Maduro en el mismo consejo. Entre las otras comisiones se incluye una dedicada a evaluar, con asesoría de Rusia y China, el sistema de bioseguridad del país, así como una para abordar los daños causados al sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, el gobierno ha creado un fondo especial de 10 millones de dólares destinado a brindar apoyo a las víctimas de lo que Maduro denominó «comanditos fascistas». Este término se refiere a grupos que, según el gobierno, han perpetrado actos de violencia y desestabilización en el país.
Maduro también instruyó el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las fuerzas policiales en la segunda fase del Plan República. Este plan tiene como objetivo desarrollar un programa de patrullaje y protección en calles, avenidas y comunidades, en un esfuerzo por restablecer la paz y proteger a los líderes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) y los voceros de los consejos comunales.