La situación de seguridad en Colombia se ha vuelto crítica tras el secuestro de 29 miembros de las fuerzas policiales y militares por disidentes de las FARC en el departamento de Cauca. Este hecho, que ocurrió el jueves 6 de marzo, ha llevado a la policía colombiana a exigir la «inmediata liberación» de los uniformados, quienes fueron capturados en medio de una ofensiva del gobierno contra la violencia del narcotráfico. El Ministerio de Defensa ha señalado que este ataque es una represalia por los esfuerzos del gobierno para desarmar a los grupos disidentes que se niegan a aceptar el acuerdo de paz firmado en 2016.
El secuestro tuvo lugar en las montañas del Cauca, un área conocida por su alta concentración de cultivos de coca y controlada por el Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente que no reconoció el acuerdo de paz. Según el director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, los uniformados fueron retenidos como parte de una estrategia para presionar al gobierno tras fallidos intentos de negociación con el EMC.
Los incidentes se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, donde se han llevado a cabo operaciones militares desde octubre de 2024, conocidas como la incursión Perseo, destinadas a recuperar el control estatal sobre la región. Durante estos enfrentamientos, videos difundidos por las autoridades mostraron un vehículo blindado en llamas mientras un grupo de personas le lanzaba piedras. También se observaron a policías antidisturbios lanzando granadas de humo y avanzando bajo un intenso fuego.
El Ministerio de Defensa ha denunciado que «pobladores instrumentalizados» por los guerrilleros participaron activamente en el ataque, lo que ha generado preocupación sobre la manipulación y coerción ejercida sobre la población civil. En un mensaje a través de la red social X, Triana exigió la liberación inmediata de los policías y militares secuestrados, responsabilizando al grupo criminal Carlos Patiño por su integridad.
La situación en Cauca refleja un contexto más amplio de violencia en Colombia, donde las disidencias de las FARC han intensificado sus actividades delictivas tras el acuerdo de paz. A pesar de que una facción del EMC está en negociaciones con el gobierno, otra ha reanudado los ataques contra las fuerzas estatales, lo que ha llevado a un aumento significativo en las operaciones militares.
Lea también: Revelan causa de muerte del reconocido actor Gene Hackman
El presidente Gustavo Petro ha condenado las acciones violentas y ha señalado que estas son una manifestación del «desespero» del grupo armado, cuyo debilitamiento militar les impide enfrentarse directamente al ejército y les lleva a utilizar a la población civil como escudo.
